* Integrantes de una caravana de documentación señalaron presuntos actos de hostigamiento en comunidades de Chilón que rechazan el proyecto carretero.
Redacción / Alfaro Noticias
Organizaciones civiles, colectivos y defensores de derechos humanos que integran la Caravana de documentación del proyecto carretero San Cristóbal de Las Casas-Palenque denunciaron un aumento de amenazas, actos de intimidación y vigilancia contra habitantes de comunidades de Chilón que mantienen su rechazo a la construcción de la vía.
A través de un pronunciamiento difundido este 16 de junio, los participantes de la caravana afirmaron que en las últimas semanas se han registrado acciones dirigidas contra personas que se oponen al proyecto, entre ellas el sobrevuelo de drones en comunidades, la búsqueda de líderes comunitarios por parte de corporaciones de seguridad y la difusión de videos elaborados con inteligencia artificial que, según señalaron, buscan generar incertidumbre y confrontación.
De acuerdo con el documento, el pasado 29 de mayo un grupo de personas intentó impedir la colocación de letreros en rechazo a la carretera. Las organizaciones sostuvieron que las comunidades que han manifestado su oposición mediante asambleas y acuerdos comunitarios continúan denunciando presiones relacionadas con el proyecto.
Los firmantes señalaron que parte de la inconformidad radica en presuntas irregularidades durante el proceso de consulta e información sobre la obra. También afirmaron que habitantes han reportado el ingreso de personal técnico a parcelas para realizar estudios y mediciones sin autorización de los propietarios, situación que, aseguran, ha ocasionado afectaciones en cultivos y terrenos de uso agrícola.
La autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque ha sido presentada por autoridades estatales y federales como una obra estratégica para mejorar la conectividad y el desarrollo económico de la región. Sin embargo, sectores de comunidades indígenas y organizaciones sociales han mantenido su oposición durante varios años al considerar que podría generar impactos ambientales, territoriales y culturales.
En su pronunciamiento, la caravana responsabilizó a los gobiernos federal y estatal de garantizar el respeto a los derechos de las comunidades indígenas, particularmente en materia de consulta, libre determinación y acceso a información sobre proyectos que podrían afectar sus territorios.
Las organizaciones también solicitaron que se garantice la seguridad de las personas que participan en acciones de defensa del territorio y advirtieron sobre el clima de tensión que, a su juicio, se ha intensificado en municipios donde se prevé el paso de la carretera.
El comunicado fue respaldado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), el Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC), el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), así como decenas de colectivos, académicos y activistas de México y otros países.
