Las Cañadas de la Selva Lacandona: escenario histórico de autonomía y libre determinación (I)

Jaime Torres Burguete

Esta región, en los municipios de Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas y Maravillas, Chiapas, es uno de los espacios más importantes donde los pueblos indígenas —tzeltales, choles, tojolabales y lacandones— han construido y ejercido su derecho a gobernarse a sí mismos, como sujetos plenos de derecho colectivo.

Contexto y lucha histórica

Desde hace décadas, aquí se organizaron experiencias previas al zapatismo, como la ARIC-Unión de Uniones, que defendió la tierra, el territorio y la identidad, reclamando que sus poblados y derechos fueran reconocidos oficialmente. A partir de 1994, con el levantamiento del EZLN, estas comunidades profundizaron la autonomía: crearon gobiernos propios, juntas de buen gobierno, escuelas, salud y justicia comunitaria, al margen de las instituciones estatales, bajo el principio “mandar obedeciendo” .

Autonomía y libre determinación: derecho reconocido, ejercicio construido

La Constitución Política y convenios internacionales (como el 169 de la OIT) establecen que los pueblos indígenas son sujetos de derecho público, con facultad para decidir sus formas de organización, uso de recursos, educación, cultura y desarrollo. En Las Cañadas esto no es solo ley, sino práctica:

– Decisión colectiva: todo se resuelve en asamblea, por consenso o mayoría, sin representantes ajenos.

– Territorio: defienden su espacio frente a proyectos externos, reservas naturales o explotación de recursos, porque para ellos tierra y vida son inseparables.

– Cultura y educación: sistemas propios que recuperan su lengua, historia y saberes, lejos de la educación oficial que buscaba asimilarlos.

Hoy, participan activamente en la discusión de la Ley General de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, exigiendo que se respete su autonomía real, el control sobre agua, bosques, maíz y su forma de representación política.

Significado

Las Cañadas demuestran que la autonomía no es una concesión del Estado, sino un derecho que se construye y se ejerce día a día. Aquí se reafirma que los pueblos indígenas no son objetos de política, sino sujetos que deciden su propio destino, base fundamental de una democracia plena y pluricultural en México.

Organización comunitaria: el “Mandar Obedeciendo” como forma de vida

En Las Cañadas, la autonomía no es una palabra escrita, sino una estructura viva que funciona desde abajo hacia arriba. Se basa en principios que han regido a estos pueblos desde hace siglos, fortalecidos tras 1994:

– La Asamblea, máxima autoridad: No hay gobernantes impuestos ni partidos políticos. La asamblea comunitaria —donde participan hombres, mujeres, ancianos y jóvenes— es quien toma todas las decisiones importantes: desde el uso de la tierra, los trabajos colectivos, hasta la resolución de conflictos. Todo se discute hasta llegar a acuerdos, y quien no está de acuerdo, igual respeta la decisión colectiva.

– Cargos de servicio, no de poder: Las autoridades (agentes, comisarios, representantes) son nombradas por la comunidad. No cobran sueldo, dejan sus labores del campo para servir un tiempo determinado, y son responsables ante el pueblo. Si no cumplen o abusan, son destituidos. Esto es lo que llaman mandar obedeciendo: la autoridad obedece lo que manda el pueblo.

– Niveles de organización: Se articulan en tres niveles:

1. Comunidad: El pueblo o barrio.

2. Región: Varias comunidades unidas (como es el caso de Las Cañadas, que agrupa a muchas localidades).

3. Juntas de Buen Gobierno: Instancia regional que coordina, da seguimiento y relaciona con otras regiones autónomas, siempre respetando la decisión de abajo.

– Participación de la mujer: Ha sido fundamental. Las mujeres han logrado incluir en las normas comunitarias sus derechos, el respeto a su integridad, y ocupan cada vez más espacios de decisión, rompiendo viejas costumbres de desigualdad.

Para ellos, organizarse es la única forma de dejar de ser invisibles y defender lo que es suyo.

 Defensa del territorio: Tierra, Bosque y Vida son lo mismo

En la visión indígena, el territorio no es solo “tierra para trabajar”, es el espacio donde está su historia, sus antepasados, su agua, su medicina y su vida misma. Por eso la defensa del territorio es el corazón de su libre determinación.

– Recuperación y defensa: Durante décadas, lucharon contra finqueros, ganaderos y madereros que les quitaron tierras. Recuperaron lo que les pertenecía por derecho y por historia. Hoy delimitan y cuidan sus límites para evitar invasiones o explotación externa.

– Manejo propio de recursos: Deciden cómo usar el bosque, el agua y la tierra. No permiten que empresas, gobiernos o reservas naturales les digan qué hacer con lo que cuidan desde siempre. Tienen sus propios planes de manejo forestal, reforestación y agricultura, basados en sus saberes ancestrales, que han demostrado ser mucho más cuidadosos con la naturaleza que los planes oficiales.

– Rechazo a proyectos ajenos: Se oponen firmemente a proyectos hidroeléctricos, carreteras, minas o zonas turísticas que el Estado o empresas quieren imponer. Su argumento es claro: “Si no nos consultan, no es nuestro, y si afecta nuestra vida, no lo aceptamos”. Aquí se aplica el derecho al consentimiento libre, previo e informado, reconocido internacionalmente, pero que pocas veces el gobierno respeta.

– Territorio y autonomía van juntos: Dicen que “sin tierra no hay autonomía”. Mientras tengan el control de su territorio, pueden decidir cómo vivir, qué enseñar a sus hijos y cómo alimentarse sin depender de ayudas o programas del gobierno que muchas veces buscan dividirlos.

 Relación con el Estado: Reconocimiento vs. Hechos reales

Esta es quizás la dimensión más compleja, porque existe una gran diferencia entre lo que dice la ley y lo que sucede en la realidad.

– El marco legal: Desde 1992 con el Convenio 169 de la OIT, y después con reformas constitucionales en 2001 y 2021, el Estado mexicano reconoció que los pueblos indígenas son sujetos de derecho, con derecho a la libre determinación, a su propia cultura, instituciones y al territorio. La ley dice que deben ser consultados antes de cualquier medida que les afecte.

– La brecha con la realidad: En Las Cañadas, la experiencia ha sido que el Estado suele ver la autonomía como un problema o una molestia, no como un derecho.

– Falta de reconocimiento oficial: Sus gobiernos propios no aparecen en las listas del gobierno estatal o federal. Para las instituciones oficiales, a veces “no existen”, aunque gobiernan mejor y con más justicia que las autoridades oficiales.

– Conflictos y represión: Ha habido años de hostigamiento, presencia de militares y paramilitares, división de comunidades entre quienes aceptan programas del gobierno y quienes mantienen su autonomía, y obstáculos para que sus resoluciones de justicia comunitaria sean respetadas por los jueces oficiales.

– Autonomía de hecho, no de derecho: Lo que han logrado no se lo dio el gobierno, lo construyeron con su lucha. Hoy en día funcionan sus propias escuelas, sus propias clínicas de salud, sus sistemas de justicia y comercio, todo fuera de la estructura estatal.

– Nueva etapa: Ley General de Derechos: Actualmente, están exigiendo que la nueva ley que se discute en el Congreso respete su forma de representación (que no los obliguen a usar partidos políticos), que respete su territorio completo y que la autonomía sea realmente un derecho público, y no algo que el Estado pueda conceder o quitar a su antojo.

En resumen, la relación es de reivindicación: exigen que el Estado cumpla su propia ley y deje de tratarlos como menores de edad o como objetos de asistencia, reconociéndolos como lo que son: pueblos con historia, derecho y capacidad de gobernarse a sí mismos.

¿Qué es esta Ley y por qué es tan importante?

Se trata de la Ley General de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la norma secundaria que reglamenta la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024, la cual reconoce formalmente a estos pueblos como sujetos de derecho público, titulares de la libre determinación y autonomía .

Hasta ahora, la Constitución lo dice, pero faltaban reglas claras, procedimientos y obligaciones para que esto pase del papel a la realidad. Esta ley busca llenar ese vacío y, para comunidades como las de Las Cañadas, representa la oportunidad de que lo que ya construyeron en la práctica sea reconocido legalmente, y que el Estado deje de tratar su autonomía como algo “informal” o “provisional”.

 ¿En qué momento del proceso estamos hoy?

La situación actual es de avance pero también de tensión:

1. El plazo se venció: La reforma constitucional ordenaba que esta ley debía aprobarse en un plazo de 180 días, contados desde su publicación. Ese plazo ya venció, lo que ha generado críticas y reclamos de las comunidades y organismos de derechos humanos, pues significa que el Estado no está cumpliendo sus propios tiempos legales.

2. El proyecto ya existe: El gobierno federal, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), elaboró una propuesta que cuenta con 471 artículos divididos en 8 libros, cubriendo desde la definición de derechos hasta la justicia, el territorio y la participación política .

3. Proceso de consulta: Se comprometieron a realizar 70 asambleas regionales en todo el país para discutir el contenido con las comunidades antes de enviarlo al Congreso. Esto es fundamental, porque la propia Constitución obliga a consultar cualquier medida que les afecte, bajo el principio de “consentimiento libre, previo e informado”.

4. Pendiente en el Legislativo: Actualmente, la iniciativa está en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Pueblos Indígenas, esperando ser dictaminada y votada. Aunque ya se analizó su impacto presupuestario —y se determinó que no afectaría el gasto de 2026— aún no hay fecha definitiva para su aprobación final .