* La OCEZ acusó amenazas de suspensión y traslado forzado de estudiantes en medio de la disputa por la permanencia de la sede universitaria
Redacción / Alfaro Noticias
La Organización Campesina Emiliano Zapata Región Carranza Histórica (OCEZ-RC Histórica) denunció presuntas presiones y amenazas contra estudiantes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) con sede en Venustiano Carranza, en medio del conflicto por el posible traslado de la carrera de Medicina Integral y Salud Comunitaria hacia San Cristóbal de Las Casas.
En un pronunciamiento público, la organización señaló a la directora general de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, Raquel de la Luz Sosa Elizaga, de mantener una postura “arbitraria” y de ignorar las solicitudes de estudiantes y padres de familia que buscan conservar la sede en Venustiano Carranza.
La OCEZ afirmó que algunos alumnos habrían sido presionados para aceptar el traslado bajo advertencias relacionadas con la continuidad de sus estudios. También sostuvo que estudiantes que permanecen en oposición al cambio han recibido notificaciones de suspensión y posibles bajas escolares.
Según la organización, varios jóvenes accedieron a trasladarse a San Cristóbal de Las Casas por temor a perder sus estudios, mientras que otros continúan exigiendo que las clases presenciales permanezcan en Venustiano Carranza. Entre sus demandas, pidieron cancelar presuntas sanciones contra estudiantes, respetar los semestres cursados y evitar cualquier acto de represión contra alumnos y padres de familia.
El conflicto ha generado movilizaciones en el municipio. El pasado lunes, estudiantes, docentes, padres de familia e integrantes de las secciones 7 y 40 de la CNTE realizaron una marcha en la cabecera municipal para exigir que la universidad continúe operando en Venustiano Carranza.
Durante la movilización, los participantes señalaron que gran parte de los estudiantes provienen de familias campesinas y de bajos recursos, por lo que un eventual cambio de sede implicaría mayores gastos de renta, transporte y alimentación que muchos no podrían solventar.
Los inconformes también advirtieron que mantendrán sus demandas hasta obtener una respuesta definitiva sobre la permanencia de la institución en el municipio.