Edgar Hernández Ramírez
El documento publicado ayer por religiosos de Chicomuselo, debe leerse como una señal política mayor. La Iglesia católica, particularmente la que camina bajo la tradición pastoral de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, está recuperando un lugar central como vocera de comunidades cercadas por varias violencias: la disputa territorial de grupos delincuenciales, la explotación minera, la venta de alcohol y drogas, el hostigamiento comunitario, la persecución pastoral y la impunidad. No habla desde una sacristía aislada del mundo, sino desde el territorio herido.
La novedad no está en que la Iglesia hable. Chiapas tiene una larga historia de pastoral social, organización comunitaria, defensa indígena y mediación religiosa. La novedad está en el tono, la urgencia y el contexto. El comunicado no se limita a pedir consuelo. Exige reconocimiento de las masacres ocurridas en Chicomuselo, Nicolás Ruiz y otros pueblos; demanda justicia para quienes han sido asesinados; reclama justicia para Nueva Morelia, Nicolás Ruiz, el padre Marcelo, Simón Pedro y Lorenzo; pide hacer efectiva la cancelación de la explotación minera; denuncia amenazas, hostigamiento, presión e intimidación. Es, en los hechos, una plataforma social mínima.
La importancia de este activismo radica en que la Iglesia está ocupando un vacío de representación. En muchas comunidades, los partidos llegan en campaña, el gobierno llega con operativos y los grupos criminales llegan con armas. La Iglesia, en cambio, permanece. Bautiza, acompaña duelos, escucha dolores, organiza peregrinaciones, convoca asambleas, visita enfermos, entierra muertos. Esa presencia cotidiana le otorga una legitimidad que nadie le puede disputar. Cuando habla, no lo hace desde el escritorio: habla desde el velorio, desde la ermita, desde la brecha, desde la casa donde una familia todavía pregunta por el desaparecido.
Por eso el comunicado resulta incómodo. Cruza dos lenguajes que las instituciones prefieren mantener separados: el lenguaje del Evangelio y el lenguaje de los derechos colectivos. La frase “no a la explotación minera” aparece junto al llamado a la paz; la denuncia de los asesinatos convive con el rechazo a la venta de alcohol y drogas; la memoria de los mártires se enlaza con la defensa del territorio. La Iglesia no sólo denuncia homicidios: señala la economía moral y material de la violencia. Dice, en otras palabras, que la muerte no llega sola, sino escoltada por intereses, negocios, silencios, permisos, omisiones y miedos.
Ese es el punto político de mayor profundidad. En regiones como la Sierra y la Frontera, la violencia no puede explicarse únicamente como una disputa entre bandas. Es también una disputa por el control de caminos, recursos, poblaciones, rutas, economías locales y obediencias. La minería aparece como símbolo del despojo; el alcohol y las drogas como mecanismos de descomposición social; el hostigamiento como pedagogía del miedo; la impunidad como autorización para seguir matando. Frente a esa trama, la Iglesia propone otra gramática: comunidad, memoria, justicia, verdad, territorio y paz.
No es casual que el Pueblo Creyente hable de “paz desarmada, desarmante y perseverante”. La frase condensa una estrategia moral: no responder a la violencia con la misma lógica de las armas, pero tampoco aceptar la resignación. La peregrinación se vuelve así una forma de presencia pública. Caminar juntos, rezar juntos, nombrar juntos y exigir juntos es una manera de romper el aislamiento que impone la violencia. Frente a la orden criminal de callar, la comunidad responde con una liturgia civil del recuerdo.
El primer gran desafío para el gobierno estatal es entender que no está frente a una protesta menor ni frente a una simple inconformidad parroquial. Está frente a una autoridad moral territorializada, con raíces comunitarias, memoria histórica y capacidad de articulación social. Si el gobierno reduce este activismo a “oposición”, “radicalismo” o “manipulación”, se equivocará de lectura. Lo que se expresa desde Chicomuselo es una crisis de confianza en la capacidad institucional para proteger la vida, garantizar justicia y contener el avance de las economías criminales.
El segundo desafío tiene que ver con la estrategia de seguridad. Una política de mano dura puede producir detenciones, decomisos, patrullajes y golpes operativos, pero no necesariamente produce paz. La comunidad no mide la seguridad sólo por la presencia de uniformados, sino por la posibilidad concreta de volver a sembrar, caminar, comerciar, reunirse, dormir sin sobresaltos y denunciar sin temor. Cuando la fuerza pública llega tarde, cuando se retira pronto o cuando no se traduce en justicia, la presencia del Estado puede sentirse más como administración del conflicto que como protección efectiva.
También hay un reto delicado frente a la protesta social. Si el gobierno mantiene poca tolerancia ante las expresiones radicalizadas —bloqueos, peregrinaciones, asambleas tensas, denuncias públicas o acciones de presión— corre el riesgo de criminalizar el síntoma y dejar intacta la enfermedad. En territorios donde la gente siente que los cauces institucionales ya no responden, la protesta no siempre es una provocación contra el Estado; muchas veces es el último recurso para sobrevivir. La autoridad debe distinguir entre conflicto político, desesperación comunitaria y legítima defensa social de la vida.
La Iglesia, en cambio, parece haber entendido algo esencial: donde no hay justicia, la paz se vuelve sospechosa. Por eso su consigna no es paz a secas, sino paz con justicia y verdad. No pide silencio; pide esclarecimiento. No pide resignación; pide reconocimiento. No pide venganza; pide que los muertos no sean borrados. En ese gesto se vuelve incómoda para todos: para los criminales, porque rompe el régimen del miedo; para los poderes económicos, porque cuestiona el despojo; para el gobierno, porque le exige resultados más allá del parte policiaco.
El riesgo para el poder público sería leer este activismo pastoral como nostalgia de viejas insurgencias o como interferencia religiosa en asuntos de Estado. Sería un error político. Lo que se está expresando desde Chicomuselo es una crisis de intermediación social. Cuando las comunidades sienten que no tienen quién las defienda, la parroquia, la cruz y la peregrinación vuelven a convertirse en espacios de representación. No porque la Iglesia sustituya al Estado, sino porque el Estado no ha logrado estar donde más se le necesita: en la protección efectiva de la vida.
