* Habitantes y organizaciones señalan afectaciones a la salud, recursos hídricos y seguridad, y piden intervención de autoridades
Redacción / Alfaro Noticias
Pobladores y organizaciones civiles denunciaron distintos casos de afectación ambiental en municipios de la entidad, que incluyen la explotación de cerros con uso de explosivos, tala de árboles en zonas de humedales y la presunta devastación de amplias áreas de bosque, sin que, afirmaron, exista una respuesta efectiva de las autoridades.
En Tuxtla Gutiérrez, habitantes del ejido Copoya acusaron que alrededor de diez empresas realizan extracción de material pétreo en la meseta de Copoya y el cerro Mactumatzá, actividad que, señalaron, se lleva a cabo sin estudios de impacto ambiental. De acuerdo con los testimonios, las explosiones con dinamita han provocado fracturas en viviendas, daños en escuelas y la dispersión de polvo que ha derivado en enfermedades respiratorias entre la población.
Los denunciantes indicaron que, pese a la existencia de un amparo federal, las actividades extractivas continúan. También advirtieron que la zona afectada funciona como reserva territorial clave para la recarga de mantos acuíferos y la retención de lluvias, por lo que su deterioro implicaría consecuencias ambientales de mayor alcance. Hasta el momento, dependencias federales en materia ambiental no han emitido una postura pública sobre estos señalamientos.
En San Cristóbal de Las Casas, integrantes del Consejo de la Zona Sur en Defensa de los Humedales reportaron la tala de más de 30 árboles de pino y ciprés en un área conocida como El Cubito, ubicada en la zona de La Almolonga. Según los habitantes, el derribo estaría relacionado con un posible cambio de uso de suelo para la construcción de viviendas en un espacio que forma parte de un manantial que abastece de agua a la población.
Durante recorridos en el sitio, vecinos observaron restos de madera y exigieron explicaciones por el daño ambiental, al considerar que la intervención en esta zona podría afectar el suministro de agua y el equilibrio ecológico del valle.
En el municipio de Huixtán, pobladores denunciaron la tala de más de 200 hectáreas de bosque desde 2022, situación que calificaron como un ecocidio. En un pronunciamiento público, señalaron a un grupo identificado como Organización para la Defensa de los Derechos del Pueblo (ODDEP) como presunto responsable de la devastación.
Los denunciantes afirmaron que han solicitado la intervención de autoridades estatales y federales sin obtener resultados, y aseguraron que existe un clima de intimidación hacia quienes buscan visibilizar los hechos. También hicieron un llamado a autoridades de distintos niveles de gobierno para investigar los señalamientos y garantizar la protección de las comunidades.