Edgar Hernández Ramírez
El Consejo Nacional de Morena decidió poner orden antes de que la carrera electoral de 2027 se desborde. En su reciente sesión ordinaria, los 287 consejeros aprobaron un calendario y una serie de lineamientos que, más que organizar el proceso interno, buscan contener una práctica que amenaza con salirse de control: las campañas anticipadas disfrazadas de posicionamiento político.
La decisión no es menor. Morena, partido en el poder y amplio favorito de ganar la gran mayoría de las posiciones en juego, estableció fechas claras para el registro de aspirantes a las coordinaciones que posteriormente se convertirán en candidaturas. El calendario arranca el 3 de junio con los aspirantes a diputaciones federales; continúa el 22 de junio con quienes busquen coordinar los trabajos estatales rumbo a las gubernaturas; sigue el 21 de septiembre con las coordinaciones municipales y concluye el 8 de noviembre con las diputaciones distritales locales.
Pero más allá del calendario, lo relevante son las reglas. El Consejo Nacional prohibió expresamente el uso de espectaculares, publicidad en redes sociales o medios de comunicación pagados para promover aspiraciones políticas. También vetó el uso de recursos públicos, la entrega de dádivas y cualquier acto considerado dispendioso. El mensaje es claro: quien pretenda competir en 2027 deberá hacerlo en condiciones de equidad y sin adelantar los tiempos de la contienda.
Estas disposiciones tienen una lectura inmediata en estados como Chiapas.
Aunque el proceso electoral aún se encuentra lejano, en distintos municipios y distritos ya se observa a funcionarios públicos, legisladores locales, alcaldes y cuadros partidistas que comienzan a posicionar su imagen en redes sociales, bardas o espectaculares con la mirada puesta en las alcaldías o diputaciones que estarán en juego en 2027.
Se trata de una estrategia política conocida: construir reconocimiento público antes de que inicie formalmente el proceso electoral para llegar con ventaja a las encuestas internas. Sin embargo, los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional buscan precisamente frenar esa dinámica que, en procesos anteriores, generó conflictos internos y acusaciones de inequidad entre aspirantes.
Los lineamientos aprobados establecen además un filtro adicional; si en una contienda interna se registran más de seis aspirantes, se realizará primero un sondeo de reconocimiento territorial para seleccionar a los seis perfiles que pasarán a la encuesta final. Será esta encuesta –realizada por la Comisión Nacional de Encuestas– la que determine quién encabezará la Coordinación de Defensa de la Transformación y eventualmente la candidatura.
En teoría, el mecanismo pretende privilegiar el trabajo territorial, la cercanía con la ciudadanía y la trayectoria política por encima de la publicidad o la promoción mediática. En la práctica, representa también un intento del partido por evitar que las contiendas internas se conviertan en guerras de propaganda anticipada
En Chiapas, la advertencia debería tomarse en serio. En distintos municipios ya circulan señales de posicionamiento prematuro; campañas en redes sociales que exaltan la imagen de determinados funcionarios, bardas con mensajes ambiguos de promoción personal o espectaculares que, aunque no mencionan explícitamente una candidatura, construyen presencia pública con evidente intención electoral.
La pregunta crucial es ¿quién pondrá freno a estas prácticas?
Los acuerdos del Consejo Nacional obligan no sólo a los aspirantes, sino también a los dirigentes partidistas y a los funcionarios públicos. Los lineamientos establecen que quienes ocupen cargos de gobierno o responsabilidades partidistas deberán actuar con imparcialidad y neutralidad, absteniéndose de favorecer o perjudicar a cualquier aspirante.
En otras palabras, la responsabilidad de hacer valer las reglas no recae únicamente en la dirigencia nacional.
En Chiapas, corresponde al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y a Carlos Molina, dirigente estatal de Morena,vigilar que estas disposiciones no se conviertan en letra muerta. Permitir que funcionarios o aspirantes utilicen recursos, influencia institucional o estrategias de propaganda adelantada sería contradecir el espíritu mismo de los acuerdos aprobados por el partido.
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene facultades para investigar y sancionar irregularidades, incluso de oficio. Pero la disciplina política comienza en casa: con dirigencias locales capaces de poner orden antes de que las ambiciones personales se conviertan en conflictos internos.
Morena aprendió en procesos anteriores que las disputas prematuras pueden fracturar al partido antes de llegar a las urnas. Por eso ahora intenta adelantarse al problema y establecer reglas claras.
La incógnita es si en Chiapas los aspirantes escucharán la advertencia… o si seguirán construyendo su campaña antes de tiempo, confiando en que nadie –ni el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana– se atreverá a bajar los espectaculares, borrar las bardas o apagar la propaganda digital.
Porque si algo demuestra la historia reciente de la política mexicana es que las campañas anticipadas rara vez se detienen solas. Y de ello en Chiapas tenemos amplia y reciente evidencia. Siempre se necesita a alguien dispuesto a aplicar las reglas y a sancionar a quienes no las cumplan. Veremos qué rumbo toman esos comportamientos políticos perniciosos.
