* La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados propone recorte al financiamiento de partidos, nuevos controles de fiscalización y regulación del uso de inteligencia artificial en campañas
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que contempla reducir de 128 a 96 el número de senadores, modificar el mecanismo de asignación de 200 diputaciones de representación proporcional y disminuir el financiamiento público a los partidos políticos.
El proyecto, que plantea cambios a 11 artículos de la Constitución, propone eliminar las 32 senadurías plurinominales y mantener en 500 el número de integrantes de la Cámara de Diputados, aunque con un nuevo esquema para asignar las curules de representación proporcional. De las 200 diputaciones pluris, cien corresponderían a las candidaturas que, sin haber ganado su distrito, obtuvieron los mayores porcentajes de votación para su partido, y las otras cien se elegirían mediante listas regionales, incluyendo espacios para mexicanos residentes en el extranjero.
En materia de financiamiento, la iniciativa propone reducir en 25 por ciento el presupuesto ordinario de los partidos. La fórmula para calcular los recursos pasaría de 65 por ciento a 48.75 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización multiplicado por el padrón electoral. También se plantea disminuir de 48 a 35 minutos diarios los tiempos oficiales en radio y televisión destinados a fines electorales.
El proyecto incluye la prohibición expresa de recibir recursos provenientes del extranjero y de aportaciones en efectivo. Todas las contribuciones privadas deberán realizarse mediante transferencias electrónicas u otros instrumentos financieros nominativos. Además, partidos y candidaturas deberán reportar al Instituto Nacional Electoral la totalidad de sus ingresos y egresos, incluidos activos virtuales, durante los procesos electorales.
Como parte de los mecanismos de control, se prevé que autoridades de seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera puedan intercambiar información relevante sobre candidaturas, con el propósito de resguardar la integridad de las elecciones.
En cuanto al uso de tecnología, la propuesta establece que todo contenido electoral alterado mediante inteligencia artificial deberá estar etiquetado. Las concesionarias de radio y televisión, así como plataformas digitales, tendrían la responsabilidad de identificar y advertir sobre materiales no etiquetados.
La iniciativa también incorpora el reconocimiento constitucional de mecanismos de democracia directa en estados y municipios, como consultas populares, referéndums y plebiscitos. Los congresos locales determinarían el porcentaje de firmas necesarias para solicitarlos, sin que exceda 2 por ciento del listado nominal municipal. Para que los resultados sean vinculantes, se requeriría la participación de al menos 40 por ciento de la lista nominal.
Asimismo, se propone establecer un tope salarial para consejerías y funcionarios del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales, quienes no podrían percibir ingresos superiores al de la persona titular del Ejecutivo federal.
En la exposición de motivos, la Presidenta señaló que la reforma busca ajustar el sistema electoral ante los altos costos, la complejidad administrativa y los riesgos de financiamiento ilícito, y sostuvo que no pretende eliminar la representación proporcional, sino modificar su mecanismo de asignación.
