Viridiana Molina
Hablar de alfabetización y de acceso a la educación para los mas olvidados es hablar de los educadores voluntarios de conafe, quienes desde 1971 año en que se creó este organismo descentralizado para garantizar el derecho a la educación básica, en zonas rurales, indígenas y marginadas, se han dedicado a enseñar a leer y escribir a niños y jóvenes con difícil acceso a una escuela de educación básica. Escribo desde la indignación y la incomodidad que me genera saber que hay hombres y mujeres jóvenes y no tan jóvenes, que todos los días viajan a las zonas rurales a impartir educación de calidad con equidad a niños en zonas de difícil acceso, zonas a las que nadie por convicción se atrevería a ir.
Por allá de 1971, en un México que aún intentaba recomponer su tejido social tras la herida abierta de 1968, nació el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). No fue un hecho aislado ni meramente administrativo: fue una decisión política enmarcada en el proyecto de Estado que impulsaba el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, quien buscaba recuperar legitimidad mediante una expansión del gasto social y una presencia más visible del gobierno en los márgenes del país.
El decreto del 11 de septiembre de 1971, bajo la tutela de la Secretaría de Educación Pública, respondió a una realidad contundente: millones de niñas y niños en comunidades rurales e indígenas estaban fuera del sistema educativo formal. El mapa del rezago coincidía con el mapa de la marginación. En ese contexto, la educación dejó de ser solo un derecho en el discurso y se convirtió en una herramienta estratégica de integración nacional.
El modelo del CONAFE fue, para su tiempo, profundamente innovador. Apostó por figuras educativas comunitarias —jóvenes que enseñaban en aulas multigrado— y por esquemas flexibles capaces de llevar educación a localidades con menos de cien habitantes. No se trataba únicamente de abrir escuelas, sino de llevar Estado donde históricamente no había llegado. Educación como justicia social, pero también como presencia institucional en comunidades con menos de cien habitantes.
Cinco décadas después, la vigencia de esa decisión política es particularmente visible en Chiapas, una de las entidades con mayor diversidad cultural y también con mayores desafíos estructurales. En el estado, el CONAFE atiende a más de 70 mil estudiantes de educación básica mediante alrededor de 5,400 servicios educativos comunitarios, respaldados por más de 9,500 figuras educativas. Tan solo en preescolar, cifras recientes registran más de 26 mil niñas y niños atendidos, una proporción significativa de ellos pertenecientes a pueblos originarios.
Pero aquí aparece un contraste que duele.
Mientras los educadores comunitarios caminan horas para llegar a su escuela, pagan de su bolsillo transporte, comida y a veces servicios de alojamiento, aunado al hecho de que enfrentan carencias materiales y asumen una responsabilidad pedagógica enorme, el respaldo económico que reciben dista mucho de corresponder al peso social de su labor. Sin mencionar que algunas comunidades rurales no cuentan coninfraestructura o servicios básicos como energía eléctrica o televisión ni que decir de internet o acceso a las T.I., lo que complica la educación a distancia y requiere atención presencial del CONAFE sí o sí.
A ello se suma otra contradicción que resulta difícil de ignorar. Programas como La Escuela es Nuestra han comenzado a beneficiar también a planteles comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo, mediante la conformación de comités de cinco madres y padres de familia que pueden recibir apoyos que van de los 100 mil a los 400 mil pesos para infraestructura y equipamiento. Sin duda, mejorar techos, aulas y mobiliario es necesario. Pero mientras el edificio se dignifica, el educador comunitario sigue sin prestaciones, sin seguridad social y con apoyos económicos limitados que no corresponden a la responsabilidad que asume. Se invierte en paredes, pero no en quien sostiene la educación todos los días en condiciones adversas. Y esa asimetría no es menor: revela una política que fortalece estructuras físicas, pero mantiene en precariedad a las personas que hacen posible que la escuela exista.
El contraste es inevitable cuando se compara con apoyos mensuales otorgados a los ninis por programas como Jóvenes construyendo el futuro, que ni escriben nada pero ahí están cobrando sus $9,582.47 pesos mensuales, esa “beca” supera significativamente lo que perciben quienes literalmente garantizan el derecho constitucional a la educación en las comunidades mas apartadas, aquellas a las que nadie por convicción estaría dispuesto a ir.
No se trata de descalificar un programa para defender otro. Se trata de evidenciar una tensión en la lógica de justicia social. ¿Cómo explicar que quien enseña en la sierra, en la selva o en una comunidad indígena dispersa reciba menos apoyo que quien se capacita en un centro urbano? ¿Qué mensaje envía el Estado cuando educar en el margen vale menos en términos presupuestales?
La paradoja es profunda. El CONAFE nació como un instrumento para cerrar brechas; sin embargo, hoy sus figuras educativas viven una desigualdad interna dentro del propio ecosistema de políticas sociales. Y esa brecha no es solo económica: es simbólica. Porque revela qué prioridades pesan más en la balanza pública.
En Chiapas, donde la dispersión poblacional y la pobreza estructural siguen marcando el destino de miles de niñas y niños, el CONAFE no es accesorio, es herramienta. Sin sus figuras educativas, muchas comunidades simplemente no tendrían escuelas. Por eso la indignación no es capricho, es memoria. Es recordar que esta institución nació para combatir el abandono, no para acostumbrarse a él. Y eso más que olvido, se parece peligrosamente a indiferencia.
El nacimiento del CONAFE durante el Echeverrismorespondió a una visión de Estado que entendía la educación como vehículo de integración nacional. Medio siglo después, la pregunta vigente es si esa visión mantiene la misma fuerza cuando se trata de respaldar —con recursos y dignidad— a quienes hacen posible que la escuela exista en el último rincón del mapa.
Porque la justicia social no se mide solo en programas creados, sino en la coherencia con la que se sostiene a quienes trabajan, día a día, donde nadie más quiere ir.
