Manuel Ruiseñor Liévano
LA FEDERACIÓN Y CHIAPAS, AMOR DE LOS DOS
Aunque parezca una contradicción, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) y pese a la caída que registraron el año pasado los recursos federales que reciben los gobiernos estatales y municipales, este 2026 Chiapas recibirá cerca del 11 % de la inversión física total federal, convirtiéndose así en el mayor beneficiario en este rubro a nivel nacional.
Dos lecturas iniciales se derivan de tales hechos. La primera, es que la federación, a pesar de la crisis de recursos disponibles, no abandona y en cambio fortalece como nunca antes los presupuestos destinados al avance del estado.
Lo anterior, pese a que los dineros destinados a Chiapas en lo que va del presente siglo, han ido a parar —literalmente hablando— a un barril sin fondo.
Un auténtico drama, si se quiere y si se toma en cuenta que la entidad está secularmente marcada por el nulo crecimiento económico, derivado de la falta de inversiones y la escasa creación de capital humano, la baja productividad y la informalidad, a lo cual deben agregarse sucesivas é ineficaces gestiones de gobierno, estatales y municipales, cuyo lastre sigue frenado el desarrollo.
Por si lo anterior representara poco, también debe considerarse como factor negativo la expulsión creciente de la fuerza laboral chiapaneca hacia otras regiones del país y principalmente a los Estados Unidos.
Acorde con cifras oficiales, se prevé que el estado obtenga un total de 321 mil 978 millones de pesos en inversión física federal (un crecimiento del 17 % respecto a 2025).
Todo esto, insistimos, no obstante el bajo dinamismo de los recursos federales que ha limitado el potencial de la mayoría de estados y municipios, debido a la importancia del gasto federalizado, ya que este representaba —previo a la pandemia— alrededor de 85 % de los ingresos totales de las entidades federativas.
Así, se tiene que en el Presupuesto Estatal 2026, aprobado por el Congreso de Chiapas, hay un paquete fiscal con un gasto neto total de más de 141 mil 122 millones de pesos. De los cuales el estado destinará el 18.08 % a la inversión pública, nada menos.
En cuanto a los fondos municipales, se han asignado más de 38 mil millones de pesos a los 124 municipios, para obras públicas y desarrollo local.
Ahora bien, se tiene previsto que la bolsa de recursos se oriente a rubros como infraestructura ferroviaria y carretera; proyectos estratégicos de conectividad para impulsar el comercio y la movilidad.
Y también a desarrollo social y servicios, dando prioridad a salud, seguridad y bienestar social para la reducción de brechas, así como en infraestructura productiva; mejoras en conectividad, caminos rurales, puentes y modernización tecnológica de medios de comunicación.
Aquí debe recordarse que el año pasado, de las 32 entidades federativas del territorio mexicano, 18 estados presentaron reducciones anuales con ajuste inflacionario en su gasto federalizado durante el año pasado, incluido Chiapas.
No obstante, en 2025 las entidades que registraron más gasto federalizado fueron Estado de México, la capital del país, Veracruz, Jalisco, Chiapas, Puebla, Nuevo León, Guanajuato y Oaxaca, arriba de 100,000 millones de pesos cada uno. Insistimos, aunque parezca una contradicción.
LA GRAVE RESPONSABILIDAD
Pero no todo es miel sobre hojuelas, dado a que en torno a la histórica cuantía de recursos al erario chiapaneco, no se tiene estimado el impacto real que podría tener en el crecimiento económico y en el bienestar social del estado. No se conocen bien a bien los proyectos concretos en que habrá de aplicarse el recurso destinado a infraestructura, en tanto columna vertebral del posible avance.
Y es que, como ya señalamos, recursos y más recursos podrían siguen arribando de modo creciente a Chiapas y a sus municipios, sin que por ello exista garantía de que se pueda dejar atrás el rezago y la marginación, ya endémicos.
Corresponde a los poderes públicos del Estado dar certeza a la población sobre el destino de esos dineros; y más aún los modos en que van a fiscalizarse para su uso racional, transparente y efectivo.
¿Hacia dónde vamos, hay claridad en el rumbo? Si bien hay una hoja de ruta llamada Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030 y un órgano de fiscalización superior, hoy más que nunca se necesita dar certeza al actuar gubernamental y al proceso de rendición de cuentas de los dineros del pueblo.
A MANERA DE COLOFÓN
GOBIERNO ABIERTO
Para nadie es un misterio que una de las formas más eficaces de fiscalizar los recursos del pueblo, radica en combinar la fiscalización institucional independiente (ASF, ASE) y la transparencia proactiva, con la participación ciudadana.
De tal modo que la eficiencia, la legalidad y la rendición de cuentas, sean los pilares de un ejercicio de gobierno abierto. Pero esto corre el riesgo de quedar en sólo buenas intenciones, si no hay voluntad política verdadera y corresponsabilidad social, aparejadas. Cuentas claras chocolate espeso dice el refranero popular y dice bien.
Los servidores del pueblo están mandatados a explicar el “por qué” y el “cómo” tomaron decisiones de gasto, asumiendo responsabilidad pública. La ciudadanía, por su parte, de modo voluntario debe vigilar y evaluar la ejecución de obras y la prestación de servicios en sus municipios. A todo esto y para hacer más efectivo tales procesos, hay que actuar de manera preventiva antes que correctiva. ¿O no?
