Edgar Hernández Ramírez
A 15 meses de la cita con las urnas, el tablero político de Tuxtla Gutiérrez comienza a calentarse, aunque el termómetro no marque todavía la temperatura de una campaña oficial. Las elecciones del 6 de junio de 2027 para renovar la alcaldía capitalina se perfilan como un partido de ajedrez donde las piezas se mueven con sigilo, pero con una claridad meridiana: Morena, hegemónico desde 2018, enfrentará una vez más el desafío de la contienda interna, pero esta vez con un ingrediente especial: la relación de fuerzas entre un gobernador con aspiraciones de control y una dirigencia partidista que aún mira por el espejo retrovisor de la administración anterior.
Ángel Torres, el actual inquilino del Palacio Municipal, navega a mitad de su gestión con una popularidad medianamente aceptable, lastrado por sus vínculos con el llamado “grupo Tabasco” y una evidente subordinación fáctica al gobernador Eduardo Ramírez. Su principal lastre no es tanto su desempeño, sino su origen político. Llegó en el ocaso del sexenio estatal pasado y hoy paga el precio de pertenecer a una corriente distinta a la que controla el Palacio de Gobierno. Poco probable verlo en la boleta de 2027; su ciclo parece estar más cerca del ocaso que de un nuevo amanecer.
El verdadero termómetro de la contienda no se mide en las calles o –como quieren creer varios suspirantes– en las redes sociales, sino en los escritorios de las cúpulas partidistas. Y en el oficialismo, el gobernador Eduardo Ramírez enfrenta una paradoja. La naturaleza del sistema político mexicano le otorga, en teoría, un peso determinante en la selección del candidato oficialista. Sin embargo, en esta coyuntura, su capacidad de imponer heredero se topa con un muro: la dirigencia nacional y estatal de Morena responde a interesesy liderazgos no afines. Dicho en plata, el dueño del presupuesto estatal no es el dueño del partido gobernante. Esta fractura latente, esta pugna entre el poder fáctico del gobernador y el poder formal del partido, será la madre de todas las batallas en la definición de la candidatura guinda.
Morena, fiel a su estilo y normatividad, dirimirá sus disputas a través de la encuesta. En teoría, la voz del pueblo soberano. En la práctica, un complejo mecanismo de negociación donde el diseño de la boleta, la selección de las casas encuestadoras y, sobre todo, la inclusión o exclusión de perfiles, determina el resultado.
Ante este escenario de correlación de fuerzas adversa dentro de Morena, la inteligencia política del gobernador no se ha quedado de brazos cruzados. Su pasado como líder estatal del PVEM y su peso específico en ese partido le ofrecen una vía de escape. No es casualidad que, a través de otros personajes, se fomente la gestación de una nueva organización política, un proyecto satélite que, emulando la función del Verde, le sirva como catapulta para colocar a aquellos aspirantes afines que Morena le cierre. La creación de un nuevo partido o la alianza con alguna franquicia con registro sería la jugada maestra para romper el cerco partidista y presentar una opción competitiva que, aunque formalmente de oposición, responda a sus intereses.
Mientras tanto, la oposición tradicional sigue siendo un actor de reparto en esta obra. Sin perfiles claros y con un peso electoral testimonial, su única oportunidad radica en capitalizar las fracturas internas del oficialismo. Si Morena se divide en una guerra de tribus y el gobernador decide jugar con su propio caballo, el voto de castigo podría encontrar un destino alternativo. Pero aún es temprano y la capacidad de movilización y estructura del partido guinda en la capital sigue siendo superior.
Lo que viene de aquí a principios de 2027 es una danza de equilibrios. Veremos si el gobernador logra cooptar a algún sector de Morena o si, por el contrario, decide impulsar a un perfil ciudadano o de su círculo cercano bajo las siglas del Verde o del nuevo proyecto partidista. La decisión final no será solo quién sucede a Ángel Torres, sino quién controlará realmente el poder político en la capital de Chiapas. La disputa no es por una candidatura; es por la hegemonía en el principal centro de votación y poder económico del estado. Y en esa contienda, los límites entre el partido y el gobierno, entre la lealtad y la autonomía, se escribirán con la tinta caliente de la negociación.
