Edgar Hernández Ramírez
En política no sólo importan los tiempos legales; importan, sobre todo, los mensajes. Y el mensaje que envió el senador Manuel Velasco Coello al “destapar” públicamente a Ruth González Silva como futura candidata a la gubernatura de San Luis Potosí es inequívoco: el Partido Verde está dispuesto a tensar los límites éticos de la coalición gobernante si con ello preserva su enclave territorial.
Velasco aseguró que, según encuestas internas, González Silva va “dos a uno arriba” y con una ventaja de más de 20 puntos. Y remató: “Sí, sin duda, esperemos, si ella quiere”. No se trató de una especulación periodística sino de un acto deliberado de ambiciones políticas anticipadas. El problema no es sólo el adelantamiento de los tiempos electorales, sino el hecho de que González Silva es esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo Cardona. Es decir, la sucesión conyugal como proyecto político explícito.
El contraste es inevitable con el caso del senador Saúl Monreal Ávila, quien ha enfrentado la resistencia pública de la dirigencia nacional de Morena y de la propia Claudia Sheinbaum Pardo por su intención de suceder a su hermano en Zacatecas. Morena modificó sus estatutos para impedir que familiares directos hereden gubernaturas, aun cuando la reforma constitucional contra el nepotismo electoral entrará en vigor hasta 2030. Es decir, el partido decidió anticiparse al calendario legal para construir una narrativa ética.
Velasco, en cambio, parece moverse en la lógica pragmática y huizachera: mientras la prohibición constitucional no esté vigente, el terreno es políticamente transitable. Desde una lectura estratégica de corto plazo, su cálculo es comprensible. El Verde gobierna San Luis Potosí y sabe que la continuidad es la mejor garantía para conservar influencia presupuestal, redes territoriales y capacidad de negociación dentro de la coalición. Blindar la plaza antes de que Morena intente incidir en la sucesión es, en esa óptica, un movimiento preventivo.
Pero esa maniobra tiene costos. En el corto plazo, el “destape” coloca a Morena en una disyuntiva incómoda: o tolera la sucesión conyugal de su aliado y diluye su discurso anticaciquil, o presiona públicamente al Verde y abre una fisura innecesaria en la alianza rumbo a 2027. El PVEM ya ha mostrado desacuerdos con la reforma electoral en preparación –especialmente en lo relativo a la eliminación de plurinominales y la reducción del financiamiento partidista–, por lo que el tema de San Luis puede convertirse en ficha de negociación cruzada.
En el mediano plazo, el riesgo es mayor: la coalición gobernante podría entrar en una dinámica de “excepciones selectivas”. Si Morena bloquea a los Monreal por razones éticas pero avala la continuidad del grupo Gallardo vía González Silva, el mensaje hacia la opinión pública será de doble rasero. Y en política, la coherencia narrativa es capital simbólico de suma importancia. Perderlo erosiona autoridad moral, incluso cuando la legalidad formal esté intacta.
También hay un componente de lectura territorial. El Verde no es un partido ideológico; es una maquinaria pragmática de supervivencia. En estados donde gobierna, opera con lógica de control vertical. El destape anticipado no sólo fortalece a Ruth González frente a competidores internos; envía un mensaje a las élites locales: la sucesión está alineada. Es una señal de disciplina interna. Pero hacia fuera, proyecta continuidad patrimonial.
Paradójicamente, la propia González intentó enfriar la discusión al afirmar que su prioridad es el trabajo legislativo. Sin embargo, el efecto político ya está en curso: la agenda pública se ha movido del desempeño en el Senado a la herencia gubernamental.
La pregunta estratégica es si Morena está dispuesta a asumir el costo de confrontar a su aliado o si privilegiará la estabilidad de la coalición sobre la coherencia ética. El episodio es una prueba de fuego para la presidenta Sheinbaum: su narrativa contra el nepotismo no sólo se juega en Zacatecas, sino también en San Luis Potosí.
Porque más allá de las encuestas internas y de las ventajas de “dos a uno”, lo que está en disputa es algo más profundo: si la alianza oficialista consolidará un modelo de renovación política o si, bajo el paraguas de la legalidad vigente, tolerará la reproducción de linajes en nombre de la competitividad electoral.
Velasco ha movido primero. Ahora la pregunta es quién –en Morena o en el gobierno– está dispuesto responder, a sabiendas de los costos políticos que puede acarrear en la alianza gobernante.