Manuel Ruiseñor
Como suele suceder cuando la nación es sujeta a evaluación por parte de organismos no gubernamentales y de relieve internacional, regularmente resultamos ser los últimos de la fila. Una cuestión que me evoca aquel famoso epígrafe inscrito en la tumba del no menos célebre Cardenal Richelieu: “aquí yace un hombre que todas las cosas buenas las hizo mal y todas las cosas malas las hizo bien”. Pero de ese personaje en particular hablaremos en otra ocasión.
La sentencia anterior se desprende de los resultados dados a conocer por la prestigiada Transparencia Internacional en su más reciente informe llamado Percepción sobre la Corrupción (IPC) al cierre del ciclo 2025.
Y no era para menos, especialmente si tomamos en consideración escándalos de corrupción de la magnitud del huachicol fiscal y Segalmex, así como la extorsión que no se detiene a pesar del programa nacional implementado por la presidenta Claudia Sheinbaum con las mejores intenciones.
A lo anterior habría que agregar los saldos de la impunidad, los cuales hicieron que México se estancara en el referido IPC de Transparencia Internacional.
Pero mejor vayamos a los datos duros, a efecto de sustanciar nuestra opinión. México obtuvo una calificación de 27 puntos de 100 posibles, apenas un punto arriba de los 26 del año pasado; resultado que lo mantiene muy lejos de los países mejor evaluados como Dinamarca (89/100) —la infaltable—, Finlandia (88/100) y Singapur (84/100).
La percepción de alta corrupción, consideró el organismo internacional, está asociada a la introducción de combustible de contrabando mediante una sofisticada red de complicidad con funcionarios públicos, que —agregamos— tocan al ex secretario de la Marina Armada de México y a dos cercanos familiares suyos, uno de ellos prófugo de la justicia.
El informe revela que el ‘huachicol’ fiscal representó una pérdida de cerca de 610 mil millones de pesos en 2025, lo que equivale a 40 veces el valor económico del escándalo de Segalmex.
¿QUÉ MIDE EL IPC?
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público en 180-182 países y territorios. Utiliza una escala de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy limpio) basada en 13 fuentes de datos independientes, incluyendo evaluaciones de expertos y empresarios, para medir sobornos, desvío de fondos públicos y la impunidad.
INDICADORES:
–Corrupción en el Sector Público: Se centra específicamente en la administración pública, el poder judicial, y las instituciones políticas.
–Percepción de Expertos y Empresarios: Las fuentes evalúan la frecuencia e impacto de prácticas corruptas desde la perspectiva de análisis de riesgo y consultoría.
–Soborno y Desvío de Fondos: Incluye la evaluación sobre el uso del poder confiado para beneficios personales, sobornos en contratos públicos y la malversación de fondos estatales.
–Impunidad y Debilidad Institucional: Mide la incapacidad de los sistemas judiciales para castigar actos de corrupción.
–Transparencia: Evalúa la falta de transparencia en la gestión pública.
¿QUÉ NO MIDE?
–Experiencias directas de corrupción por parte de ciudadanos.
–Corrupción en el sector privado (empresas privadas).
–Flujos financieros ilícitos o blanqueo de fondos.
El IPC se utiliza como un indicador clave para medir la fortaleza de las instituciones democráticas y el impacto de la corrupción en la vida de las personas.
SIGUEN LAS MALAS NOTAS
Para colmo de males la cuestión no para ahí, porque en eso de ocupar los últimos puestos de la fila, para infortunio del pueblo el país también se ubica en el último lugar de las economías que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tal y como señalamos en entregas anteriores en este espacio de Alfaro Noticias.
Y es que en materia de hacer muy bien las cosas malas, en el llamado G20, el cual incluye a 19 países más la Unión Europea y la Unión Africana, México se encuentra en la penúltima posición, solo por encima de Rusia (22/100 puntos).
¿QUÉ PASA EN CHIAPAS?
En Chiapas, bajo la conducción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la tarea del combate a la corrupción tiene dos ejes centrales: la reestructuración institucional y el lanzamiento de programas directos de denuncia ciudadana.
A nuestro parecer, el primer eje obedece al desorden y desatención que prevalecieron en la anterior gestión sexenal, caracterizada por su opacidad, desinterés y falta de atención al tema. El segundo eje se finca en recuperar la deteriorada desconfianza ciudadana en las instituciones de gobierno.
Iniciativas y Programas Clave:
—Programa “Cero Corrupción”, para lo cual se implementó una línea gratuita (800 6998989), a efecto de que la ciudadanía denuncie actos ilícitos de servidores públicos en tiempo real.
—Transparencia en Obra Pública: con el objetivo de garantizar la calidad y transparencia en la infraestructura estatal, incluyendo convenios con colegios de profesionales para vigilar las licitaciones.
Al respecto, se ha vigorizado el desempeño de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y se ha dado impulso al Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, instituciones que tienen el beneficio de la duda por parte de la ciudadanía chiapaneca.
Sin embargo, a pesar de lo alcanzado con la detención y encarcelamiento de presidentes y expresidentes municipales, así como servidores públicos de las fuerzas policiales, los avances no bastan.
Una prueba de ello es que en el Índice de Competitividad 2025 del IMCO, Chiapas mantiene una percepción alta de prácticas corruptas frecuentes entre la población urbana. De ahí que la estrategia actual se finque en revertir esto mediante la “cultura de la denuncia” y la eliminación de la impunidad en casos de alto impacto. Los primeros pasos se han dado, ya veremos hasta dónde llegan.
A MANERA DE COLOFÓN
A no dudarlo, uno de los mayores desafíos de enfrentar las nuevas expresiones de la corrupción, reside en vencer la resistencia cultural y el uso sofisticado de la tecnología por redes criminales.
Significa fortalecer a las instituciones al servicio de la ciudadanía y darles autonomía de gestión, para investigar y sancionar con independencia del poder político.
Y no sólo eso, sino que también se requiere una mayor coordinación entre los órdenes de gobierno, a efecto de cerrar las puertas a la impunidad.
Paralelamente a lo anterior, debe promoverse con mayor fuerza la cultura de la denuncia con garantías suficientes que aseguren anonimato y eviten represalias contra los denunciantes. Y para ello, ha de incorporarse la tecnología de la IA y la ciberseguridad.
Resulta innegable que ante las nuevas expresiones de corrupción con redes transnacionales de macrocriminalidad, es indispensable fortalecer capacidades estatales, cooperación internacional y plantear como prioridad la protección de recursos públicos.
En pocas palabras se requiere voluntad política férrea y acciones contundentes, para que proyectos como los Sistemas Anticorrupción, nacional y de las entidades federativas, no sean letra muerta y salgamos del último lugar de la fila. ¿O no?
