* Solicitaron a las autoridades estatales analizar el caso de dos indígenas presos desde diciembre de 2025, al considerar que no existen pruebas suficientes en su contra
Redacción / Alfaro Noticias
Autoridades ejidales y habitantes del ejido Río Arcotete solicitaron la revisión del caso de dos comuneros detenidos desde el 1 de diciembre de 2025 por el presunto delito de extorsión, al señalar que se trata de un conflicto entre particulares y que no existen elementos probatorios que sustenten la acusación.
Los detenidos fueron identificados como Marcelino Collazo Gómez, comisariado ejidal, y Martín Pérez Collazo, agente de la comunidad, quienes actualmente se encuentran recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5. De acuerdo con las nuevas autoridades ejidales para el periodo 2026, ambos realizaron un cobro por concepto de multa acordado previamente en una asamblea comunitaria.
Según explicaron los representantes del ejido, dicho cobro fue interpretado como un acto de extorsión, situación que según afirmaron fue aclarada públicamente durante una asamblea reciente ante la presencia de hombres y mujeres de la comunidad. Señalaron que el hecho forma parte de un desacuerdo entre particulares y pidieron a las instancias correspondientes atender el caso.
Más de 100 habitantes del ejido se manifestaron en el centro de la comunidad para exigir la liberación de los dos comuneros, al considerar falsas las acusaciones en su contra. Durante la movilización, autoridades comunitarias indicaron que el denunciante, identificado como Santos Gómez Hernández, no ha presentado pruebas suficientes para acreditar los señalamientos.
Familiares de los detenidos, incluida la esposa de uno de ellos, también hicieron un llamado a las autoridades estatales para que se analice el expediente y se agilice la investigación. Los manifestantes señalaron que, a más de dos meses de la detención, no se han registrado avances sustanciales en el proceso.
Los pobladores informaron que permanecerán a la espera de una resolución y reiteraron su exigencia de que se realice una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y definir la situación jurídica de los dos comuneros.
