Juan Carlos Cal y Mayor
Eduardo Ramírez asumió un compromiso claro ante los chiapanecos: restablecer la paz en un estado que, durante todo el sexenio anterior, vivió episodios de violencia inéditos en nuestra historia reciente. Bloqueos constantes, retenes irregulares, grupos armados disputando territorios y un clima de temor que alteró la vida cotidiana. La inseguridad dejó de ser excepción para convertirse en rutina. Hoy, en términos reales, esa realidad ha cambiado de manera considerable y la tranquilidad ha regresado a muchas regiones de Chiapas.
UNA INICIATIVA PARA RESPALDAR RESULTADOS
En ese contexto, el gobernador, a través del Congreso del Estado, envió una iniciativa al Congreso federal para modificar el marco legal y permitir que las policías estatales puedan utilizar armamento que actualmente es de uso exclusivo del Ejército, con el objetivo de enfrentar en condiciones proporcionales a la delincuencia organizada. No se trató de un gesto simbólico, sino de un planteamiento institucional que reconoce que el Estado debe contar con herramientas adecuadas para sostener los avances logrados.
El legislador Ricardo Monreal dio la bienvenida a la propuesta, abriendo la puerta al debate legislativo. Sin embargo, desde la Presidencia de la República se limitó esa posibilidad al señalar que más que armas se requiere inteligencia y estrategia para combatir al narcotráfico, como si los resultados federales fueran equiparables a los que hoy se observan en Chiapas. Sabemos que no es así.
EL MONOPOLIO LEGÍTIMO DE LA FUERZA
El Estado de derecho descansa sobre un principio elemental: el monopolio legítimo de la fuerza. Sin ese ejercicio efectivo, la ley se vuelve declarativa y el territorio queda expuesto a poderes fácticos. La inteligencia es indispensable, pero no sustituye la capacidad operativa. La estrategia requiere ejecución. Y la ejecución exige instrumentos proporcionales al desafío.
Implícitamente, la respuesta presidencial negó la posibilidad de una reforma directa y derivó el asunto a una eventual autorización por parte de las fuerzas armadas. Pero esa vía no simplifica el problema. La Ley General de Armas de Fuego establece requisitos estrictos y condicionantes que hacen compleja cualquier autorización excepcional. Lejos de facilitar la consolidación de lo avanzado, ese camino puede entramparlo en trámites y restricciones administrativas.
FEDERALISMO Y REALIDADES DISTINTAS
Chiapas ha demostrado que cuando el Estado ejerce con firmeza su autoridad, los resultados llegan. La reducción visible de hechos violentos y la recuperación de la libertad de tránsito no son narrativas; son hechos constatables en la vida diaria de la población. El debate nacional debería observar esas experiencias y fortalecerlas, no relativizarlas.
El federalismo no puede convertirse en un obstáculo cuando lo que está en juego es la seguridad de las personas. Si el objetivo común es consolidar la paz, la discusión debe centrarse en cómo fortalecer institucionalmente a quienes están dando resultados.
LA PAZ COMO CRITERIO DEFINITIVO
La seguridad no se mide en discursos, sino en hechos. Si la tranquilidad vuelve a las calles, si las carreteras se recorren sin miedo y si la actividad económica se normaliza, entonces el Estado está cumpliendo su función esencial.
El monopolio legítimo de la fuerza no es un exceso; es la primera obligación del Estado. Cuando se ejerce dentro de la legalidad y con determinación, la paz deja de ser una aspiración y se convierte en realidad tangible.
Porque más allá de debates ideológicos o reservas administrativas, lo que importa es la paz social.
