* Solicitaron la intervención de autoridades estatales y federales ante un diferendo por terrenos, sanciones económicas y la suspensión de servicios básicos
Redacción / Alfaro Noticias
En el ejido Nuevo San Miguel Mitontic, municipio de Ixtapa, se reporta un conflicto agrario entre integrantes de una comunidad religiosa, derivado de desacuerdos sobre la posesión de terrenos, situación por la que habitantes solicitaron la intervención de autoridades de los tres niveles de gobierno.
De acuerdo con los señalamientos, alrededor de 700 ejidatarios mantienen un desacuerdo con un grupo de 19 personas pertenecientes a una congregación religiosa, encabezada por un pastor, por el uso y posesión de terrenos destinados a actividades religiosas, así como por su participación en trabajos comunitarios y el pago de servicios como la energía eléctrica.
Durante una manifestación y conferencia de prensa, realizada en tsotsil y español, habitantes del ejido señalaron que el conflicto ha escalado debido a sanciones económicas impuestas por autoridades ejidales, lo que ha derivado en un clima de inconformidad y llamados reiterados a una solución institucional.
El antecedente inmediato del conflicto se remonta a una denuncia pública realizada hace aproximadamente un mes, cuando integrantes de la congregación religiosa acusaron a autoridades ejidales de presuntos abusos de autoridad, cobros excesivos y amenazas de desalojo. De acuerdo con los testimonios, las sanciones habrían iniciado tras la donación de un terreno de aproximadamente 1,350 metros cuadrados por parte del pastor Manuel Pérez a familias de la congregación.
Las familias afectadas señalaron que se les exigieron multas de hasta 30 mil pesos por persona y un pago adicional de alrededor de 1 millón 80 mil pesos para permitir la cesión del predio, montos que consideraron arbitrarios. Posteriormente, indicaron que se impusieron nuevas sanciones económicas y que se ordenó la suspensión del suministro de agua potable y energía eléctrica por más de 11 días.
Los denunciantes afirmaron que, pese a cumplir con cooperaciones comunitarias, únicamente las familias de la congregación han sido objeto de estas medidas, además de enfrentar restricciones para participar en asambleas ejidales. También señalaron que se les advirtió sobre posibles desalojos en caso de no cubrir los montos exigidos.
Ante estos hechos, se informó que autoridades estatales han iniciado la atención del caso, con la intervención de la Secretaría General de Gobierno y la apertura de carpetas de investigación por presuntos delitos como abuso de autoridad, amenazas, despojo y extorsión. Asimismo, el pastor involucrado habría presentado una denuncia formal por extorsión ante las instancias correspondientes.