Edgar Hernández Ramírez
Las diputaciones plurinominales nacieron en México como una prótesis democrática destinada a que la pluralidad social, política e ideológica encontrara representación en un Congreso históricamente dominado por mayorías mecánicas. Fueron, durante décadas, una pieza clave de la transición democrática. Pero como ocurre con casi todos los instrumentos nobles en sistemas políticos anquilosados, terminaron convertidas en otra cosa: en un mecanismo de reproducción de élites, en un seguro de vida para las cúpulas partidistas y en una fábrica de legisladores que no le deben nada al electorado.
Hoy, en la antesala de una nueva reforma electoral y con el calendario de 2027 asomándose en el horizonte, el debate sobre las plurinominales ha vuelto al centro de la escena. Y no por razones teóricas, sino por razones de poder. El Partido Verde y el Partido del Trabajo –socios indispensables de la mayoría gobernante– muestran una resistencia casi instintiva a modificar un sistema que ha sido, para sus dirigencias, una fuente estable de cargos, fuero y supervivencia política.
El problema no es la representación proporcional en sí. El problema es su captura. En la práctica, las listas plurinominales dejaron de ser un mecanismo de inclusión para convertirse en un dispositivo de control cupular. Las deciden unos cuantos, en habitaciones cerradas, bajo una lógica de premios y castigos. No representan causas, representan lealtades. No reflejan sectores sociales, reflejan jerarquías internas. Así se ha ido formando una verdadera “casta” parlamentaria: políticos que saltan de una pluri a otra durante décadas, inmunes al veredicto de las urnas, expertos en sobrevivir a todos los cambios de época.
El impacto de este uso faccioso sobre el sistema democrático es corrosivo. Primero, porque rompe el principio básico de la rendición de cuentas: quien no necesita el voto ciudadano no necesita escuchar al ciudadano. Segundo, porque convierte al Congreso en un espacio parcialmente colonizado por intereses que no podrían ganar una elección directa: dirigentes eternos, operadores de grupo, cómplices, familiares de caciques, emisarios de poderes fácticos o perfiles cuya única virtud es la disciplina. Y tercero, porque degrada la idea misma de representación, volviéndola un asunto administrativo y no político.
No es casual que las plurinominales hayan servido también como refugio de “impresentables” y como vía de acceso al fuero. El sistema, tal como hoy funciona, no corrige distorsiones del voto: las fabrica.
Una reforma que modifique de raíz este mecanismo tendría un efecto inmediato en la estructura interna del Verde y del PT: los obligaría a enfrentar algo que han logrado evitar durante años, la vida partidaria real. Competencia interna, renovación de cuadros, exposición pública, riesgo electoral. En otras palabras, política.
Las consecuencias electorales de aceptar o rechazar la reforma son claras. Si la aceptan, estos partidos corren el riesgo de reducir su presencia legislativa y de perder el cómodo colchón de posiciones garantizadas. Pero también tendrían la oportunidad –si supieran aprovecharla– de transformarse en organizaciones con arraigo social auténtico. Si la rechazan, pueden conservar sus feudos a corto plazo, pero quedarán cada vez más expuestos ante una opinión pública que empieza a identificar en estas prácticas no una astucia, sino una forma de parasitismo institucional.
¿Y qué ganaría el sistema político con una reforma bien diseñada? Ganaría credibilidad. Ganaría coherencia. Ganaría un Congreso más conectado con la sociedad y menos con los comités ejecutivos partidistas. Ganaría, sobre todo, la posibilidad de que la representación proporcional vuelva a ser lo que debía ser, una vía para ampliar la democracia, no para clausurarla en manos de una minoría amafiada.
Regular o transformar las plurinominales no es un capricho, es una cirugía mayor contra una patología del poder: la conversión de los partidos en agencias de colocación de élites. En este debate no se juega un método electoral. Se juega algo más importante: si la política mexicana quiere seguir administrando su decadencia o empezar, por fin, a discutir seriamente su regeneración.
