Alejandro Flores Cancino
El fin de semana dejó dos fotografías políticas que, vistas por separado, parecen contradictorias, pero leídas juntas explican con bastante claridad cómo se ejerce hoy el poder en México y, sobre todo, cómo se legitima. Por un lado, una encuesta que vuelve a colocar al gobernador con una aprobación baja, insuficiente para sostener una narrativa de respaldo social amplio; por el otro, una consulta de revocación de mandato en Oaxaca que, aun sin ser vinculante por no alcanzar la participación, es presentada como una ratificación política contundente porque la mayoría de quienes acudieron a votar decidió que el gobernante debía continuar.
La contradicción desaparece cuando entendemos que encuesta y consulta no miden lo mismo y, más importante aún, no fueron diseñadas para hacerlo. Las consultas de revocación en México no nacieron como un mecanismo real para remover gobernantes, sino como un instrumento de ratificación política; el requisito del 40% de participación no es un detalle técnico ni un accidente normativo: es el candado central del sistema.
En un país sin voto obligatorio y con una abstención elevada, alcanzar ese número solo es posible mediante una movilización masiva que, en los hechos, únicamente puede organizar quien ya controla el aparato del Estado. Por eso estas consultas no miden aprobación social, miden, y con bastante precisión, la capacidad de movilización del gobierno, el control territorial de sus estructuras, la eficacia de sus operadores políticos y la lealtad de quienes forman parte de su base organizada. No miden qué piensa la sociedad en su conjunto, miden qué tan alineado está el sistema político.
Las encuestas, en cambio, operan bajo una lógica distinta y por eso incomodan, por que no están diseñadas para capturar la operación territorial de las semanas previas a una elección, ni el alineamiento de estructuras locales, ni la desactivación de competidores reales, ni saben con cuanto recursos económicos cuenta el político, las encuestas miden estados de ánimo, percepciones, desgaste, hartazgo o indiferencia.
Ahí está la clave, un gobernante puede registrar un 60% en intención de voto y terminar con un 80% por ciento en las urnas, como sucedió en Chiapas, no porque la encuesta haya fallado, sino porque la elección consolida lo que la encuesta no puede medir: la maquinaria política. Y del mismo modo, una consulta puede arrojar porcentajes abrumadores aun con baja participación (mil encuestados), no porque exista un respaldo social masivo, sino porque concentra a quienes ya están dentro del circuito del poder y deja fuera a una mayoría silenciosa que no participa, no por convicción, sino por resignación.
Por eso resulta engañoso creer en todas las encuestas (o consultas) la encuesta por su lado puede revelar debilidades; la consulta y la elección lo componen, cierran filas y tranquilizan al poder; la encuesta incomoda porque muestra lo que no está resuelto; las elecciones confortan porque confirman que el control sigue intacto.
Al final, lo que este fin de semana vuelve a recordarnos es que el poder no siempre necesita ser aprobado para sostenerse, le basta con estar organizado. En resumen: el porcentaje no siempre será el porcentaje.
