* Comunidades, escuelas y colectivos advierten que el proceso legislativo definirá el acceso al agua y al saneamiento en el estado
Redacción / Alfaro Noticias
Organizaciones civiles, representantes comunitarios y colectivos escolares en Chiapas solicitaron que la armonización de la Ley de Aguas estatal se realice mediante un proceso abierto, transparente y con enfoque de derechos humanos, en congruencia con la reciente aprobación de la Ley General de Aguas a nivel nacional.
Durante un posicionamiento público, los participantes señalaron que la actualización del marco legal representa una oportunidad clave para incorporar la experiencia de comunidades que históricamente han gestionado el acceso al agua, especialmente en zonas rurales y periféricas donde el servicio público es insuficiente o inexistente.
Integrantes de organizaciones como Cántaro Azul expusieron que, pese a que Chiapas concentra cerca de una tercera parte del recurso hídrico del país, amplios sectores de la población carecen de acceso continuo al agua potable y al saneamiento. Atribuyeron esta situación a la falta de inversión en infraestructura y al escaso respaldo institucional a los sistemas comunitarios que operan el servicio.
En ese contexto, plantearon que la armonización de la ley estatal debe reconocer de manera efectiva la gestión comunitaria y escolar del agua, no solo a nivel declarativo, sino mediante mecanismos concretos como asignación presupuestal, acompañamiento técnico, reglas claras y reconocimiento jurídico de los comités y organismos locales que administran el recurso.
Representantes de comunidades rurales advirtieron que la falta de infraestructura adecuada, la contaminación de fuentes y la ausencia de recursos públicos afectan directamente la salud, la educación y las condiciones de vida, particularmente de niñas, niños y jóvenes. Señalaron que, aunque la Constitución establece que el Estado es responsable de garantizar estos servicios, en la práctica han sido las comunidades quienes han asumido esa tarea.
Desde el ámbito educativo, estudiantes y docentes señalaron que numerosas escuelas enfrentan carencias de agua potable, sanitarios funcionales y condiciones mínimas de higiene, lo que impacta en el aprendizaje y el bienestar del alumnado. En ese sentido, solicitaron que la nueva legislación contemple las necesidades reales de los espacios educativos y la cosmovisión de los pueblos originarios.
Las y los participantes coincidieron en que el derecho humano al agua y al saneamiento debe garantizarse de manera universal y sin discriminación, por lo que hicieron un llamado al Congreso del Estado para que convoque a consultas amplias e incluyentes, incorporando las voces de comunidades, escuelas y organizaciones sociales en la definición de la nueva normativa.
