* El representante de un grupo de lacandones privados de la libertad acusa irregularidades en operativos policiales y falta de respuesta institucional
Redacción / Alfaro Noticias
Jorge Luis Gómez Villar de Pau inició una huelga de hambre para exigir la revisión de detenciones de un grupo de lacandones que considera ilegales y para solicitar una audiencia directa con el gobernador del estado, ante lo que calificó como falta de atención por parte de las autoridades.
Gómez Villar se identificó como representante y acompañante de personas detenidas desde febrero del año pasado, en Lacanjá, algunas de las cuales están por cumplir un año privadas de la libertad. De acuerdo con su versión, fue contactado desde mayo para intervenir en el caso, luego de que familiares denunciaran presuntas irregularidades durante los operativos.
Según explicó, ha presentado escritos dirigidos a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin que hasta ahora haya recibido respuesta. Señaló que en agosto pasado realizó una primera huelga de hambre y que, pese a reuniones con distintas instancias gubernamentales, no se ha ofrecido una solución concreta.
El representante afirmó que cuenta con documentos, videos y registros que, a su juicio, evidencian detenciones realizadas sin orden judicial, algunas dentro de domicilios particulares. También sostuvo que durante estos operativos se habrían cometido robos por parte de elementos policiales y ministeriales, hechos que, dijo, han sido denunciados formalmente.
Indicó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra 24 policías, a quienes identificó con nombre y apellido, aunque aseguró que el procedimiento no avanzó. Añadió que solicitó a instancias gubernamentales la presentación de grabaciones oficiales de las detenciones, sin obtener respuesta.
De acuerdo con su testimonio, alrededor de 20 personas permanecen detenidas en este caso, algunas de ellas aprehendidas en la vía pública, otras en domicilios y algunas más en instalaciones policiales, como una caseta ubicada en el crucero de San Javier.
Gómez Villar señaló que el estado de salud de los detenidos se ha deteriorado debido a las condiciones de reclusión y que sus familias enfrentan dificultades económicas, por lo que ha buscado apoyo de organizaciones civiles.
Reiteró que su demanda central es ser recibido directamente por el gobernador para exponer el caso y anunció que la huelga de hambre será indefinida hasta que se revisen las detenciones y se dé respuesta a sus peticiones.
