* El MOCRI-CNPA MN exige la revisión de amparos judiciales y señala falta de avances en el esclarecimiento del caso
Redacción / Alfaro Noticias
A siete años del asesinato de los dirigentes campesinos José Santiago Gómez Álvarez y Noé Jiménez Pablo, organizaciones sociales denunciaron que el caso ocurrido en el municipio de Amatán permanece sin resolverse, pese a la existencia de procesos judiciales abiertos y una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente, adherido a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, señalaron en un pronunciamiento público que no existen avances sustanciales para esclarecer los hechos ni sancionar a los responsables, lo que, afirmaron, evidencia un patrón de impunidad institucional.
De acuerdo con la organización, los asesinatos se produjeron en un contexto de conflictividad social derivada de un proceso de organización comunitaria iniciado en 2018, cuando diversos sectores de Amatán se movilizaron contra la imposición de un grupo de poder político y económico local. De ese escenario surgió el Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán, integrado por organizaciones sociales, autoridades ejidales y representantes religiosos.
Las organizaciones señalaron que, previo al crimen, integrantes del movimiento fueron objeto de agresiones físicas, hostigamientos y ataques reiterados, presuntamente perpetrados por grupos armados, lo que dejó personas lesionadas y un clima constante de tensión en la región.
El hecho más grave ocurrió la madrugada del 17 de enero, cuando un grupo armado atacó el plantón del movimiento y privó de la libertad a José Santiago Gómez Álvarez y Noé Jiménez Pablo. Ambos cuerpos fueron localizados un día después con signos de tortura, según documentaron las propias organizaciones.
El MOCRI-CNPA MN acusó que ni el Gobierno estatal, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Ayuntamiento de Amatán han aceptado la recomendación de la CNDH relacionada con el caso. Además, denunciaron que en 2024 se otorgaron resoluciones judiciales que derivaron en la liberación de presuntos autores intelectuales, mientras que los procesos contra los autores materiales continúan sin avances y con órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.
Ante esta situación, el movimiento solicitó al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Penal, con sede en Tuxtla Gutiérrez, la revisión de diversos amparos directos vinculados al caso, al considerar que existen irregularidades en la actuación del sistema de justicia.
Las organizaciones señalaron su exigencia de esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables, y afirmaron que mantendrán su lucha por la libre autodeterminación y la defensa de los derechos de los pueblos campesinos.
