Edgar Hernández Ramírez
El contraste es elocuente. Mientras el Institut Nacional Electoral se parapeta en la aritmética relativa –“apenas” entre 0.2 y 0.5 por ciento del presupuesto nacional– para rechazar cualquier ajuste a su gasto, el Poder Judicial de la Federación ha avalado un plan de austeridad que no se queda en el discurso y sí aterriza en recortes concretos, inmediatos y medibles.
El argumento del INE busca diluir el debate en proporciones macroeconómicas, como si el tamaño relativo del presupuesto bastara para eximirlo de toda revisión interna, aun cuando su estructura operativa revela inercias difíciles de justificar: una nómina de alrededor de 20 mil trabajadores, órganos nacionales y locales con funciones superpuestas y un gasto en personal que consume hasta 69 por ciento de sus recursos, que este año asciende a 14 mil 99 millones de pesos.
La defensa del gasto electoral se sostiene también en una narrativa de derechos adquiridos y tecnicismos legales. Los consejeros electorales, con percepciones mensuales superiores a los 250 mil pesos, alegan que no existe una definición clara de “remuneración total” y que sus ingresos están protegidos por el marco normativo vigente, pese a la prohibición constitucional de ganar más que la titular del Ejecutivo.
A lo anterior se suma una extendida práctica de subcontratación: estudios millonarios, asesorías recurrentes y contratos con consultoras habituales, incluso para tareas que difícilmente pueden calificarse de extraordinarias. El mensaje implícito es que la autonomía se confunde con inmunidad presupuestaria y que la eficiencia es secundaria frente a la preservación del statu quo administrativo y de los privilegios.
En sentido opuesto, el acuerdo de disciplina presupuestaria del Órgano de Administración Judicial asume la austeridad como una obligación institucional, no como una amenaza retórica. La reducción de 10 por ciento en el costo de las estructuras orgánicas, el recorte drástico a viáticos, comedores y honorarios, así como las restricciones severas a la creación y ocupación de plazas, muestran que incluso un poder históricamente renuente a los ajustes puede someterse a una lógica de contención del gasto. Que estas medidas generen incertidumbre laboral no las vuelve inexistentes ni meramente simbólicas.
El contraste deja al INE en una posición incómoda: frente a un Poder Judicial que aprieta su propio cinturón, la negativa del órgano electoral a revisar salarios, nóminas y contrataciones externas, aparece menos como defensa de la democracia y más como resistencia corporativa a la austeridad que se exige al resto de las instituciones del Estado mexicano.
