* Organizaciones civiles señalaron presuntas omisiones y violencias institucionales durante el proceso judicial iniciado por una agresión contra tres mujeres en 2023
Redacción / Alfaro Noticias
Colectivos feministas y organizaciones civiles acompañaron este martes a dos mujeres sobrevivientes de un ataque ocurrido en febrero de 2023 en la zona montañosa de Don Lauro, en San Cristóbal de Las Casas, durante la primera audiencia del año 2026 por un caso tipificado como tentativa de feminicidio, violación y robo violento.
Durante la diligencia, realizada ante una nueva jueza, las acompañantes informaron que el cambio en la autoridad judicial responde a solicitudes previas para que el caso sea atendido con perspectiva de género, debido a la gravedad de los hechos y a las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraban las víctimas al momento de la agresión.
Las organizaciones señalaron que el proceso ha enfrentado diversos obstáculos desde su inicio, entre ellos presuntas irregularidades en la atención ministerial, como el cobro indebido para la recepción de denuncias, así como dificultades en el acceso a medidas de protección y acompañamiento institucional.
Indicaron además que durante la audiencia las víctimas fueron colocadas en el mismo espacio que los agresores, lo que, afirmaron, generó una nueva afectación emocional y fue interpretado como una forma de violencia institucional dentro del proceso judicial.
Actualmente, dos de las tres sobrevivientes continúan el seguimiento del caso de manera presencial. La tercera víctima, de nacionalidad extranjera, regresó a su país tras los hechos y participa en el proceso a distancia, sin apoyo oficial en materia de traducción, de acuerdo con lo expuesto por los colectivos.
Las acompañantes también señalaron que, tras la agresión, no se recibió auxilio inmediato por parte de los servicios de emergencia, pese a que se realizaron llamadas de auxilio, por lo que la atención inicial fue brindada por familiares de las víctimas.
Las organizaciones señalaron que existen antecedentes que vinculan a los presuntos agresores con otros hechos similares, y advirtieron que las dificultades enfrentadas por las víctimas reflejan las barreras que enfrentan muchas mujeres para acceder a la justicia.
Los colectivos informaron que el proceso judicial continuará en fechas posteriores aún por definirse, y señalaron que mantendrán el acompañamiento como observadoras de derechos humanos, con el objetivo de que el caso sea resuelto con apego a la ley y perspectiva de género.
