Edgar Hernández Ramírez
Las detenciones de alcaldes por presunta corrupción o por supuestos vínculos con el crimen organizado, suelen agotarse en el impacto mediático y en el apuntalamiento de la narrativa institucional del combate a la inseguridad. El morbo queda satisfecho y a la espera del nuevo golpe espectacular.
Sin embargo, el problema va más allá de la aprehensión de prominentes funcionarios públicos. El fenómeno es más complejo, estructural y, en ese entramado, el municipio juega un rol clave que hay que conocer para no quedarnos en la superficie.
En el caso particular del narcotráfico, éste no sólo se sostiene por las armas y la violencia, sino que requiere para su permanencia del control de la primera célula básica de la organización política y administrativa del estado y del país.
Los municipios controlan la policía preventiva, regulan comercio y giros “sensibles”, autorizan obras y usos de suelo, y operan la mediación política local. Cuando un municipio cae (por cooptación, miedo o complicidad), el crimen organizado deja de ser “un actor externo” y se vuelve una forma paralela de administración del territorio.
En términos prácticos, el municipio ofrece a los grupos delictivos al menos cinco ventajas:
–Policía municipal como infraestructura mínima de control. Aunque no sea la corporación más fuerte, es la que patrulla, conoce rutinas, decide a quién parar, a quién escoltar y a quién “no ver”.
–Regulación y permisos. La economía criminal necesita “legalidad”. Narcomenudeo, bares, centros nocturnos, transporte, mercados, construcción, extracción de materiales, bodegas… gran parte de eso depende de licencias, inspecciones, protección civil y uso de suelo.
–Obra pública y compras. Contratos, proveedores, materiales, facturación, “moches”. El municipio es una máquina de flujo pequeño-mediano, ideal para financiar redes locales o lavar montos sin llamar tanto la atención como una obra estatal/federal.
–Política territorial. El crimen necesita gobernabilidad: operadores en colonias/ejidos, líderes de barrio, control de eventos, “gestión” de conflictos. Cuando el ayuntamiento se subordina, el narco logra algo crucial: que la comunidad perciba que el poder real no está en la ley, sino en la red armada.
–Perversión electoral. En muchos municipios, ganar una alcaldía puede significar control de policía, presupuesto y permisos. Eso vuelve la elección local un botín y el resultado genera un círculo pernicioso: financiamiento ilícito-autoridad frágil-más dependencia y más captura del proceso básico democrático.
Bajo estas consideraciones y a la luz de los recientes acontecimientos en Villaflores y Cintalapa, Chiapas, qué se debería hacer para atacar el problema más allá de la captura de altos funcionario y arresto de policías municipales.
Si el diagnóstico es municipal, la respuesta también debe serlo tomando medidas realistas y eficaces:
-Mando y depuración policial con controles externos (certificación, rotación, investigación patrimonial y mecanismos de denuncia protegida).
-Blindaje de giros de alto riesgo: padrones públicos de licencias, inspecciones trazables, sanciones automáticas por irregularidades, y coordinación fiscal-financiera (para cortar lavado en economías locales).
-Auditoría impecable y compras públicas radicalmente transparentes (proveedores, obras, precios unitarios comparables).
-Protección y reglas para campañas municipales: fiscalización en tiempo real, monitoreo de coerción territorial, protocolos de seguridad para candidatos y funcionarios.
-Intervención estatal/federal focalizada, es decir, operativos policiales con objetivos claros de desmantelar redes (finanzas, logística, armas, corrupción municipal) y recuperar capacidades civiles.
