Juan Carlos Cal y Mayor
No se trataba de modernizar un diseño ni de actualizar una estética. Lo que el Congreso del Estado aprobó es algo mucho más grave: la sustitución del relato fundacional de Chiapas por una narrativa ideológica sesgada, ejecutada además al margen del marco constitucional y de las normas que protegen la identidad y el patrimonio cultural. Este no es un debate ornamental ni simbólico. Es ahora y ante todo, un problema jurídico y de derechos humanos.
LA IDENTIDAD ES UN DERECHO, NO UNA CONCESIÓN
El derecho a la identidad está reconocido como derecho humano en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y obliga a todas las autoridades a respetar, proteger y garantizar no solo la identidad individual, sino también la identidad colectiva, histórica y cultural de los pueblos. Un escudo histórico no es un logotipo administrativo ni una imagen intercambiable. Es un símbolo fundacional, parte del patrimonio cultural del estado. Alterarlo sin consenso social amplio y sin sustento histórico serio constituye una afectación directa a un derecho protegido.
EL PATRIMONIO CULTURAL NO SE BORRA POR DECRETO
Las leyes en materia cultural obligan al Estado a preservar y salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial. Los símbolos oficiales históricos forman parte de ese patrimonio. Cambiarlos sin observar esos principios convierte el acto legislativo en jurídicamente vulnerable. Aquí no hubo preservación ni cuidado del legado histórico. Hubo ruptura deliberada.
LA CONSULTA QUE NO FUE CONSULTA
La irregularidad central fue el procedimiento. Las supuestas consultas no fueron convocadas ni organizadas por el Congreso del Estado, como legalmente correspondía, sino por un organismo que se presentó como ciudadano y se autoproclamó responsable del debate, el diagnóstico y la propuesta y que al final resultó excluyente. Ese mecanismo no satisface los estándares constitucionales ni legales y convierte el proceso en una simulación participativa.
VIOLACIÓN AL CONVENIO 169 DE LA OIT
México es Estado parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, con rango constitucional. Su artículo 6º obliga a realizar consultas previas, libres, informadas y de buena fe, a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas, cuando una medida legislativa pueda afectarles directamente. La modificación de un símbolo identitario estatal, justificada además en nombre de lo indígena, activaba de manera clara esa obligación. La consulta era obligatoria y no se realizó conforme a derecho.
DE LA HERÁLDICA A LA IDEOLOGÍA
El nuevo escudo no dialoga con la historia: la sustituye. Se abandona la heráldica, lenguaje histórico y jurídico, para imponer un inventario ideologizado de conceptos contemporáneos. La identidad no se construye sumando íconos políticamente aceptables. La identidad es continuidad histórica, no propaganda cultural.
LOS RESPONSABLES INVISIBLES
Los responsables de este proceso no son solo los diputados ni los promotores formales del cambio. Existe una responsabilidad intelectual profunda de académicos que impulsaron la narrativa de la decolonización, que no es otra cosa que marxismo cultural. Se trata de una estrategia formulada por Antonio Gramsci, fundador del partido comunista en Italia y orientada a conquistar la cultura para erosionar desde dentro la tradición occidental grecorromana y cristiana. Hablamos de nuestras creencias, nuestras festividades tradicionales, nuestros usos y costumbres.
En ese esquema, la historia no se estudia, se juzga; los símbolos no se comprenden, se cancelan; y la identidad deja de ser herencia para convertirse en campo de batalla ideológica.
NO ES UN CASO AISLADO: ES UNA ESTRATEGIA
Esto no es una ocurrencia local. Forma parte de un patrón nacional e internacional. Por eso se derribó la estatua de Diego de Mazariegos, fundador de San Cristóbal de Las Casas. Por eso se retiró la de Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma. El método es siempre el mismo: deslegitimar el pasado para reeducar el presente.
UNA AGENDA GLOBAL
La misma lógica se reproduce en España y en América Latina mediante las llamadas leyes de memoria histórica. Bajo el pretexto de reparar agravios, el Estado se arroga el derecho de decidir qué pasado es aceptable y cuál debe desaparecer. No se trata de comprender la historia, sino de controlar la memoria colectiva. Lo ocurrido en Chiapas encaja perfectamente en esa estrategia.
LO QUE REALMENTE SE PERDIÓ
El nuevo escudo no fortalece la identidad chiapaneca. La fragmenta, la moraliza y la deshistoriza, ignorando derechos humanos, normas de protección cultural y obligaciones internacionales del Estado mexicano. Defender el escudo original nunca fue defender la Conquista. Fue defender la continuidad histórica, el derecho a la identidad y la idea elemental de que un pueblo no se construye destruyendo sus símbolos fundacionales.
Porque cuando se borra el pasado en nombre del futuro, lo que se pierde no es un dibujo: es la memoria, y con ella, la identidad misma.