Héctor Estrada
Con algunas familias en proceso de retorno a sus comunidades, los desplazados por la violencia en Chiapas siguen siendo un pendiente doloroso que mantiene a decenas de personas a la espera de acuerdos y condiciones que finalmente les permitan regresar a sus hogares en todos los rincones de la entidad.
Apenas el pasado 16 de diciembre seis familias desplazadas hace cuatro años de la comunidad de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, se manifestaron frente a la sede del ejecutivo estatal para solicitar ayuda humanitaria. Se trata de 34 personas que salieron de la comunidad situada en la selva Lacandona, el 16 de diciembre de 2021, luego de ser “atacados por hombres armados” que, además, destruyeron sus viviendas.
El caso ha permanecido estancado debido a la falta de condiciones de seguridad para su retorno, pues aseguran estar amenazados. Y es que, las familias demandan su reubicación territorial, así como la liberación de su padre Bersaín Aguilar García, defensor de derechos humanos, preso en el penal de San Cristóbal desde el 10 de enero de 2022.
El asunto es uno de los tantos documentados por organismos internacionales como el Internal Displacement Monitoring Centre quien recientemente reveló que México cerró el año pasado con 390 mil personas desplazadas internas por conflictos y violencia; mientras Chiapas se consolidó como el principal foco del fenómeno, al concentrar la mayoría de los movimientos registrados durante ese año.
Como parte del informe “Global Report on Internal Displacement 2025”, la organización documentó cerca de 26 mil nuevos desplazamientos en el país durante 2024, más del doble que en 2023, impulsados principalmente por violencia criminal. Sin embargo, el propio reporte advirtió que la cifra fue un subregistro, debido a la ausencia de un sistema nacional de monitoreo permanente.
Los casos más emblemáticos se suscitaron en Tila, Chenalhó y Pantelhó; territorios que se caracterizaron por ser rutas de tráfico ilegal y presencia de células delictivas que disputan o mantienen el control de la zona bajo amenazas, desapariciones y agresiones armadas. Tan sólo en 2024 se registraron 26 mil nuevos eventos de desplazamiento a nivel nacional, cifra que podría ascender ante la falta de un monitoreo preciso sobre los diversos conflictos que han ocurrido en México y sobre todo en la entidad.
En total fueron más de 15 mil 780 personas las desplazadas en Chiapas por la violencia durante los últimos dos años del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. Así lo confirmó el informe último “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal”, publicado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien finalmente le puso una cifra al histórico fenómeno de desplazamientos forzados vividos recientemente.
Las cifras expuestas por organismos defensores de derechos humanos ofrecen hoy una dimensión del fenómeno de violencia padecido en diferentes regiones de la entidad los dos últimos años del sexenio pasado. Datos que se suman a otras estadísticas de violencia, como el de homicidios y robo de vehículos con armas de fuego, que también tuvieron repuntes exponenciales en ese mismo periodo de tiempo.
Y es que, al final, los datos del desastre ocurrido en materia de seguridad durante la primera mitad de esta década han comenzado a brotar inevitablemente con el pasar de los meses, el avance de las nuevas administraciones gubernamentales y la evidente impunidad para quienes desde la acción u omisión propiciaron tanta violencia criminal en Chiapas… así las cosas.
