*Han sido despojados de sus espacios por integrantes de la mesa directiva encargada de la administración
Álvaro Indili
Ocosingo, Chis. – Integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y Bases de Apoyo del EZLN denunciaron una serie de despojos, amenazas, extorsiones y actos de violencia ocurridos en el mercado tradicional Dr. Belisario Domínguez, ubicado en el barrio La Candelaria, en la cabecera municipal de Ocosingo, donde 35 personas mayas tseltales aseguran ser copropietarias de sus locales desde 2008.
Mediante un pronunciamiento público, las y los locatarios expusieron que, pese a contar con escrituras legales derivadas de una sentencia favorable por prescripción positiva obtenida a través de la Coalición de Locatarios del Mercado Tradicional Dr. Belisario Domínguez, asociación civil de la que forman parte, han sido despojados de sus espacios por integrantes de la mesa directiva encargada de la administración del mercado. Acusaron a dicho órgano de incurrir en prácticas de corrupción, como la venta irregular de locales previamente arrebatados, además de ejercer amenazas, actos de intimidación y bloquear el acceso a quienes exigen transparencia, rendición de cuentas y el respeto a sus derechos como copropietarios.
Entre los hechos más recientes, denunciaron el despojo del local de Sara Toledo Sánchez, mujer tseltal y viuda, ocurrido el 14 de septiembre de 2025; el encierro forzado de varios locatarios, incluidos menores de edad, el 13 de noviembre; la construcción de bardas que impiden la apertura de cuatro locales desde el 23 de noviembre, y actos de vandalismo registrados el 24 de noviembre contra el local de uno de sus compañeros. Indicaron que estas acciones han provocado pérdidas económicas, amenazas constantes y un clima de riesgo permanente.
Indicaron además que estos hechos no son aislados, ya que desde 2012 y 2013 se han documentado despojos similares contra otros compañeros por exigir transparencia en el manejo de recursos y la entrega de escrituras. Aseguraron que la mesa directiva exige hasta 300 mil pesos por firma para la escrituración de cada local, práctica que calificaron como extorsión, y señalaron la participación de diversas personas, entre ellas Silvia Reyes Sánchez, Artemio Cruz Pérez y Lindoro Sánchez Culebro, presuntamente en colusión con funcionarios públicos.
Finalmente, las personas afectadas hicieron un llamado urgente a las autoridades del gobierno de Chiapas para que se respete su derecho al trabajo digno, se detengan los despojos y se investigue el actuar del Consejo de Administración de la coalición. Advirtieron que, ante la falta de respuesta institucional, responsabilizarán al gobierno estatal de cualquier afectación a sus derechos laborales y humanos, y solicitaron la solidaridad del pueblo de México, así como de organizaciones nacionales e internacionales, ante posibles nuevas agresiones anunciadas para los próximos días.