*La Fiscalía aseguró que el caso fue judicializado desde septiembre y que se revisa conforme a derecho; un juez federal definirá si la presidenta de MCCI es vinculada a proceso.
La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que la investigación penal en contra de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), no responde a intereses políticos ni a instrucciones externas, y sostuvo que el proceso se desarrolla exclusivamente bajo criterios jurídicos.
En un comunicado difundido este domingo, la institución señaló que el Ministerio Público Federal realiza una revisión detallada de la carpeta de investigación para corroborar que fue integrada conforme a la ley. Aclaró que el expediente fue judicializado desde septiembre pasado y no de manera reciente, como se ha difundido en algunas versiones públicas.
La FGR también precisó que la indagatoria se inició cuando Alejandro Gertz Manero se encontraba al frente de la Fiscalía, por lo que rechazó que el caso haya sido impulsado durante la gestión de la actual fiscal general, Ernestina Godoy Ramos. En ese sentido, la dependencia subrayó que es “absolutamente falso” que actúe por consigna.
El proceso está relacionado con una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) a Casar tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrida en 2004 cuando era trabajador de la empresa productiva del Estado. De acuerdo con los antecedentes, los pagos iniciaron en 2005 y se realizaron de manera ininterrumpida durante casi dos décadas.
En marzo de 2024, Pemex suspendió el pago de la pensión, lo que derivó en un juicio de amparo promovido por Casar para exigir la restitución del beneficio. Posteriormente, la petrolera presentó una denuncia penal ante la FGR, al considerar que la pensión habría sido otorgada de forma irregular y habría generado un posible daño patrimonial estimado en 31 millones de pesos.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó una audiencia inicial para imputar a Casar el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, ilícito que contempla penas de prisión y sanciones económicas. La audiencia se celebrará ante una jueza federal, quien deberá determinar si la presidenta de MCCI es vinculada a proceso.
Además de Casar, la investigación incluye a exfuncionarios de Pemex que presuntamente intervinieron en la autorización y el pago del beneficio. La FGR reiteró que será el Poder Judicial el encargado de resolver el caso y definir responsabilidades conforme al debido proceso.
