El espejismo del Bienestar: el salario mínimo 2026 frente a un país con la mitad de trabajadores invisibles

Carlos Perola Burguete*

“La Crítica no es censura ni alabanza, sino las dos, a menos que sólo haya razón para la una o la otra”.

 José Martí

El anuncio del aumento del salario mínimo para 2026 —un incremento de 13 %, que coloca el ingreso diario en 315.04 pesos— vino acompañado de un discurso celebratorio por parte del Estado mexicano. Sin embargo, en un país donde la informalidad laboral ronda entre el 54 % y el 56 % de la población ocupada, ese festejo llega incompleto, porque lo cierto, nos guste o no, más de la mitad de quienes trabajan en México ni siquiera recibirán el aumento, ya que laboran sin contrato, bajo acuerdos verbales, sin seguridad social o en actividades de sobrevivencia que nunca entran en los cálculos oficiales

Es decir: menos de la mitad de los trabajadores mexicanos “existen” para el salario mínimo. El resto queda fuera de cualquier política de recuperación salarial.

Mientras que la algarabía oficial reposa en una ilusión: creer que mejorar el salario mínimo equivale a mejorar la vida de todas y todos. La realidad es más áspera y mucho más cruda si es puesta en un estado como Chiapas —con sus altísimos índices, 76 % de informalidad, desigualdad territorial, bajos salarios y mínima cobertura de seguridad social— el espejismo del humanismo, resulta todavía más doloroso: millones de personas ni siquiera se asoman al umbral del “bienestar prometido”.

El poder adquisitivo real, traducido a números, contradicen el optimismo y restringen la esperanza del humanismo prometido.  

Al evaluar el impacto real del aumento del salario mínimo de 2026, convertidos a ingresos mensuales, es decir, los 315.04 pesos diarios × 30 días = 9,451 a 9,500 pesos mensuales (aprox.), cobra sentido y valor cuando se contrasta con el costo real de vivir. 

Así pues, el valor del salario sólo tiene sentido cuando se contrasta con lo que una persona necesita para vivir. Dado que no tenemos una canasta oficial única y homologada para este análisis, integro una canasta mínima de bienes y servicios básicos —construida a partir de promedios nacionales, estudios de CONEVAL y comparativos urbanos/rurales— (Ver gráfica).

El resultado es evidente: el salario mínimo apenas cubre la canasta inferior en zonas urbanas de Chiapas y se queda por debajo para buena parte del país. 

Tome en cuenta, que estos datos no se consideran dependientes económicos. La realidad, es que un trabajador con salario mínimo y un dependiente económico queda automáticamente en déficit estructural.

Así pues, cubrir alimentos no significa garantizar bienestar. Se vuelve frágil cuando se observan las dimensiones más amplias del costo de vida.

El problema no radica exclusivamente en el aumento de 2026, sino en la arquitectura histórica del salario mínimo en México. Durante más de tres décadas (1980–2015), las políticas de contención salarial lo mantuvieron artificialmente bajo para “evitar presiones inflacionarias”. Ese congelamiento erosionó su poder de compra hasta convertirlo en una referencia simbólica más que en un verdadero parámetro de dignidad económica.

Los aumentos acelerados desde 2018 han recuperado parte del terreno perdido; sin embargo, el salario real sigue sin cubrir vivienda, movilidad, salud, educación ni expectativas mínimas de bienestar. 

Así pues, el incremento salarial “queda aislado” si no se acompaña de mejoras en productividad, movilidad urbana, infraestructura y calidad del empleo. Y es que el salario mínimo sube, pero el país productivo no se mueve al mismo ritmo.

En Chiapas, la situación es todavía más severa. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el 2025 la informalidad laboral alcanzó el 76.02 % de la población ocupada, una de las tasas más altas del país. 

La precariedad es tan dominante que la mayoría de los trabajadores chiapanecos no recibirá el aumento, pero sí enfrentará los mismos precios de alimentos, transporte, energía o vivienda que quienes laboran formalmente.

Si cruzamos este dato con la pobreza laboral, el panorama se oscurece: Chiapas tampoco figura entre los estados que, según INEGI, han reducido pobreza en años recientes. El salario mínimo ayuda, pero no a quienes más necesitan ayuda: las y los trabajadores fuera del mercado formal.

Chiapas opera bajo otra lógica económica: bajo dinamismo productivo, con empleos mal pagados, con una población rural dispersa y de alta dependencia del sector público, y actividades agrícolas y de servicios profundamente precarizadas, entre otras condicionantes a superar. 

La consecuencia: exclusión doble. No reciben el aumento y enfrentan un mercado donde el costo de vivir no es tan bajo como sus ingresos.

En Chiapas, donde la mayoría trabaja fuera del marco formal, el salario mínimo no es el parámetro dominante, y por ello la medición del bienestar se vacía de contenido real.

Lo que realmente revela el aumento del 13 % es que la política salarial avanza, pero la política laboral está detenida.

 Los empleadores enfrentan costos crecientes en un contexto de baja productividad, lo que inhibe la formalización.

Elevar el salario mínimo no basta para cubrir necesidades esenciales.

 Ni en ciudades grandes ni en el Chiapas rural la vivienda, el transporte o el esparcimiento caben dentro de los 9,500 pesos mensuales. El “bienestar” prometido queda incompleto.

El espejismo estadístico del bienestar se manifiesta cuando el discurso federal sostiene que “millones han salido de la pobreza” gracias a los aumentos salariales. Pero si el ingreso crece por decreto —como ocurre con el salario mínimo— y no porque crece la productividad, la formalización o el empleo de calidad, entonces esa reducción de pobreza descansa más en parámetros metodológicos que en transformaciones materiales.

La trampa de la informalidad: un país que trabaja sin derechos. Cuando entre el 54–56 % de la población ocupada a nivel nacional está en la informalidad, el salario mínimo se vuelve apenas un faro para la mitad del barco. Para la otra mitad, la informal, se rige por el acuerdo verbal, la paga por día, la ausencia de estabilidad, el desgaste físico sin compensación y la precariedad sin registro. 

Las diferentes modalidades de la informalidad convierten en irrelevante cualquier política salarial. Millones de personas viven fuera del alcance de los beneficios legales; para ellas, el salario mínimo es un referente abstracto, no una realidad.

Más salario con empleos de mala calidad no resuelve el problema estructural; se requiere formalidad, productividad y empleos estables para que el aumento tenga un impacto real” 

Aunque el incremento del salario mínimo es un avance, refleja un país dividido: una mitad que se beneficia parcialmente y otra mitad que trabaja más, vive peor y sigue sin derechos. El Estado puede celebrar el aumento, pero mientras la informalidad supere la mitad de la población ocupada, el salario mínimo será apenas una referencia legal que no toca la piel real del país.

Mientras que en Chiapas —territorio históricamente relegado, de agricultura empobrecida, servicios precarizados y mercados laborales dislocados— el salario mínimo opera más como un símbolo de lo que podría ser que como un verdadero instrumento de transformación.

La narrativa del bienestar prometido se sostiene en el papel; en la calle, en el mercado, en la obra y en la parcela sigue siendo insuficiente. Y lo seguirá siendo mientras el país no asuma que el verdadero problema no es el salario mínimo, sino la exclusión estructural de millones de trabajadores que viven, laboran y resisten fuera del alcance de cualquier política laboral sustantiva.

A manera de conclusión: aunque lo anteriormente expuesto deje el agrio sabor del limón y el aumento salarial más que un espejismo de bienestar, termine siendo un espejo roto, recordemos que medir la pobreza no es solo una herramienta técnica, es una condición indispensable para diseñar políticas eficaces y sostenibles, y que será el pueblo, con su única fuerza y manifestación, más temprano que tarde, muestra el agravio o la satisfacción de continuidad. Al pueblo, no se le puede engañar por siempre.

“La Crítica no es censura ni alabanza, sino las dos” fundar y motivar es el reto para quien lo escribe, y también para comprenderlo, por quien lo lee.  

Salud.

*Investigador Periodístico en luchas del campo mexicano, la soberanía alimentaria, economía, las relaciones entre Estado, empresas y comunidades rurales. Director de la A.C. PEROLA. Miembro Honorario del Despacho Jurídico B&G-Chiapas.