- La reforma establece penas de hasta ocho años de prisión por vender o distribuir estos dispositivos
La Cámara de Diputados aprobó este martes una reforma que prohíbe por completo el uso, venta y distribución de vapeadores y cigarrillos electrónicos en todo el país. Con 324 votos a favor de la mayoría oficialista y 129 en contra de la oposición, la modificación a la Ley General de Salud avanza como una de las medidas más estrictas sobre estos dispositivos en América Latina.
El dictamen, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla castigos que van de uno a ocho años de prisión para quienes comercialicen vapeadores. También establece multas que van desde 100 hasta 2 mil UMAs, equivalentes a entre 11 mil y 226 mil pesos, según la actualización vigente. La reforma incluye además la prohibición de producir, transportar, almacenar, importar, exportar o publicitar estos aparatos.
Según el documento aprobado, los dispositivos de vapeo representan una amenaza a la salud pública, lo que permitirá impulsar nuevas políticas de prevención y vigilancia. La reforma también amplía facultades de la Secretaría de Salud en temas de infraestructura, abasto de medicamentos y coordinación del Sistema Nacional de Salud.
Durante el debate, diputados de oposición cuestionaron duramente la medida. Aseguraron que la prohibición no eliminará el uso de vapeadores y que, por el contrario, fortalecerá al mercado negro, el cual ha crecido en los últimos años ante la falta de regulación. La diputada de Movimiento Ciudadano, Irais Virginia Reyes de la Torre, afirmó que la decisión “regala” el negocio al crimen organizado.
La legisladora sostuvo que los cárteles ya controlan parte de la venta ilegal de tabaco y vaporizadores, por lo que la prohibición solo les permitirá ampliar su dominio. Reclamó que el dictamen criminaliza a consumidores y comerciantes con penas excesivas y denunció que la medida es “prohibicionista y autoritaria”. Durante su intervención, incluso encendió un vapeador para mostrar su desacuerdo.
Reyes de la Torre insistió en que la salud pública no se garantiza con sanciones penales, sino con regulación, información y estándares claros. Señaló que al penalizar toda la cadena de producción y consumo, el mercado no desaparece simplemente cambia de dueño, y ese dueño opera sin reglas ni supervisión. Pese a los señalamientos, la mayoría oficialista respaldó el dictamen y lo envió al Senado para su discusión.
