* Productores, organizaciones y ONG cuestionaron que el dictamen avance sin integrar observaciones ciudadanas
Campesinos de distintas regiones del país instalaron un cerco con tractores en los alrededores de la Cámara de Diputados para exigir que sus propuestas sean incorporadas a la nueva Ley General de Aguas y a la reforma de la Ley de Aguas Nacionales. La movilización comenzó desde primeras horas de la mañana y provocó afectaciones viales en el área de San Lázaro, mientras dentro del recinto las comisiones legislativas daban por aprobado el dictamen.
El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano entregó a la Comisión de Recursos Hidráulicos un documento con nueve planteamientos adicionales al proyecto en discusión. Aunque el dictamen ya había sido votado, legisladores pidieron leer el texto completo para que se conocieran las preocupaciones de los productores sobre temas como transmisión de derechos, concesiones y facultades de la Conagua.
Entre las demandas figura precisar que la transmisión de derechos de agua sea permitida únicamente cuando haya venta de tierras, y que cualquier modificación al volumen disponible sea respaldada por estudios técnicos y consultas con los usuarios afectados. También pidieron garantizar que los pueblos indígenas no sean sancionados por prácticas tradicionales de uso del agua, siempre que sean con fines agropecuarios y de acuerdo con sus costumbres.
A la par de las protestas en el recinto legislativo, organizaciones como Agua Para Todos y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua acusaron que el dictamen fue elaborado directamente por la Conagua, sin integrar las propuestas ciudadanas emitidas en parlamentos abiertos y audiencias públicas. Sostuvieron que el documento mantiene estructuras que han favorecido la sobreexplotación de acuíferos, la privatización de servicios y la discrecionalidad en el cobro de derechos.
Estos colectivos plantearon revertir artículos que permiten la participación privada en obras hidráulicas, prohibir la privatización de sistemas de agua y saneamiento, y obligar a extinguir concesiones a grandes usuarios que no paguen derechos. También insistieron en crear Consejos de Cuenca con representación social amplia y mecanismos para reducir el actual nivel de sobreconcesionamiento en varias regiones del país.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo federal, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la reforma y afirmó que el objetivo central es evitar la sobreexplotación del recurso y garantizar el derecho humano al agua. Sostuvo que la oposición a la ley se debe a desinformación o a intereses vinculados con concesiones irregulares, y aseguró que la actualización normativa es necesaria para poner orden en padrones y permisos.
