* SEICSA, señalada por participar en una trama de tráfico de armas ligada al dueño de Miss Universo, obtuvo decenas de contratos de dependencias federales, incluso de la propia Fiscalía que hoy la investiga
Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), una de las empresas que la Fiscalía General de la República (FGR) ubicó como parte de una red dedicada al tráfico de armas y al contrabando de combustible vinculada al empresario Raúl Rocha Cantú, recibió entre 2020 y 2022 al menos 30 contratos por más de 300 millones de pesos de la misma dependencia. La compañía fue contratada para vigilar inmuebles, delegaciones y oficinas de la FGR en distintos estados del país.
Documentos revisados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señalan que SEICSA también obtuvo encargos del Servicio de Administración Tributaria para custodiar instalaciones aduaneras en zonas clave para el huachicol fiscal, como Tijuana, Nogales y Guaymas.
La empresa ha sido representada por Jorge Enrique Alberts Ponce, identificado por la propia Fiscalía como uno de los operadores centrales de la red criminal. Según la investigación, Alberts coordinaba la compra, rematriculación y distribución de armas, además de participar en el desfalco a Segalmex mediante otra de sus compañías, Acurgen S.A. de C.V.
La red, financiada presuntamente por Rocha Cantú, funcionaba a partir de un grupo de empresas de seguridad privada utilizadas para importar combustible ilegal y mover armamento. Las pesquisas describen una estructura que operaba en el Estado de México, Querétaro, la Ciudad de México y la frontera sur, donde se definían rutas para contrabandear hidrocarburos desde Guatemala.
Junto a Alberts Ponce, la FGR identifica como líderes a Jacobo Reyes León, quien operaba la relación con funcionarios de la Fiscalía especializada en delincuencia organizada, y a Daniel Roldán Morales, encargado del almacenamiento y venta de combustible en predios de Querétaro. De acuerdo con el expediente, la organización contaba con el apoyo de militares, agentes federales y una funcionaria de la propia FGR que filtraba información a cambio de sobornos.
Además de SEICSA, otras empresas vinculadas con la red obtuvieron contratos millonarios con instituciones federales. Servicios Integrales Valbon acumuló convenios con IMSS, ISSSTE, Fonatur y Capufe por casi 57 millones de pesos, mientras que SETER recibió contratos de Liconsa por alrededor de 5 millones.
La documentación oficial indica que la operación criminal incluía tráfico de armas, contrabando de combustible, despojo de inmuebles y manipulación de documentos para dar apariencia legal a sus actividades. Todo ello se realizaba mediante la coordinación de empresas de seguridad privada registradas formalmente y con presencia en diversos organismos públicos.
