* Mientras algunas 34 familias aceptaron regresar al ejido Puebla, 24 familias mantienen su exigencia de reubicación definitiva en San Cristóbal
Redacción / Alfaro Noticias
Veinticuatro familias originarias del ejido Puebla, en el municipio de San Pedro Chenalhó, informaron que no retornarán a su comunidad al considerar que continúan operando grupos armados en la región. Las personas desplazadas permanecen desde hace casi una década en un campamento ubicado en el oriente de San Cristóbal de Las Casas, donde ahora solicitan ser reubicadas de manera permanente, 34 familias ya regresaron al ejido.
De acuerdo con su vocera, Araceli Cruz López, las condiciones que provocaron su desplazamiento no han desaparecido. Recordó que durante los hechos de violencia que las obligaron a huir, su padre fue asesinado y, aunque uno de los responsables fue detenido, “el resto del grupo armado sigue ahí”, por lo que consideran inseguro cualquier intento de regreso. Las familias afirman que el retorno reciente de otro grupo de habitantes ocurrió “bajo su propio riesgo”.
Las personas desplazadas también mencionaron que en el campamento cuentan con servicios básicos y han construido una vida durante estos años, por lo que piden al gobierno estatal cumplir con la reubicación que les fue prometida anteriormente. Además, solicitaron apoyo humanitario, atención de salud y la presencia de docentes, ya que alrededor de 50 niñas y niños no están asistiendo a la escuela.
En su lengua materna, Javier Méndez Cruz y Patricia Méndez Hernández expresaron que tampoco retornarán porque, aseguran, fueron víctimas de discriminación y despojo de tierras, viviendas y animales en su comunidad de origen. Indicaron que el miedo persiste y que su decisión es permanecer en San Cristóbal de Las Casas.
Integrantes de la organización Las Abejas de Acteal señalaron que acciones realizadas por fuerzas de seguridad, entre ellas el Ejército, Guardia Nacional y el grupo Pakal, derivaron en presuntas violaciones a derechos humanos, particularmente en comunidades como Tzajalch’en, donde reportaron un enfrentamiento armado y daños en instalaciones educativas.
La organización exigió al gobierno estatal garantizar el desarme de los grupos civiles armados, investigar sin omisiones los hechos relacionados con la violencia en Chenalhó y asegurar que los operativos se realicen con pleno respeto a los derechos de las comunidades indígenas.
Finalmente, el abogado Julio César Pérez Luis informó que la reunión prevista con autoridades para dar seguimiento al caso de las 24 familias fue pospuesta por condiciones climáticas, aunque esperan nueva fecha para continuar buscando una solución definitiva a su situación.
