* Organizaciones advierten que la ausencia de financiamiento federal mantiene en incertidumbre la atención a víctimas y el pago del personal especializado
Redacción / Alfaro Noticias
Organizaciones civiles que atienden a mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencia alertaron sobre la falta de recursos para el funcionamiento de los refugios en Chiapas y la posible desaparición del programa federal destinado a estas instituciones para 2026. La situación ha generado retrasos en los pagos del personal, incertidumbre presupuestal y preocupación por la atención que reciben las víctimas desde hace 71 días.
Elsa Simón Ortega, fundadora de la Organización Civil Por la Superación de la Mujer y con más de tres décadas de trabajo en la región Soconusco, informó que los refugios operan desde septiembre sin recibir los pagos correspondientes al año en curso. Señaló que, pese a que existe un presupuesto aprobado desde 2024, solo se ha entregado una parte del recurso, mientras que los siguientes periodos permanecen pendientes cuando el 2025 está próximo a finalizar.
De acuerdo con la activista, la falta de ministraciones afecta tanto la operación diaria como los ingresos de las profesionistas que brindan acompañamiento legal, médico y psicológico. Aseguró que esta situación constituye una forma de violencia económica hacia las trabajadoras, quienes continúan atendiendo a mujeres y niños que no pueden regresar a sus hogares por riesgo de agresiones.
La organización civil también alertó sobre la ausencia del Programa de Refugios en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026. En Chiapas existen únicamente dos refugios civiles, ubicados en San Cristóbal de Las Casas y Tapachula, por lo que su posible cierre dejaría sin un espacio seguro a las víctimas en mayor situación de vulnerabilidad. En el caso de Tapachula, el refugio tiene capacidad para 30 personas, aunque pasa gran parte del año operando al límite o con sobrecupo.
A esta problemática se suma el aumento de denuncias por violencia contra mujeres y menores. La Fiscalía General del Estado ha recibido 765 casos de violencia intrafamiliar en lo que va del año, además de cerca de 100 denuncias por abuso sexual en niñas y adolescentes. El Hospital Regional de Tapachula ha registrado 422 embarazos en menores de edad, cifra que no contempla los casos atendidos por parteras tradicionales o instituciones federales.
Simón Ortega señaló que la atención integral a las víctimas enfrenta múltiples retrasos, especialmente en la integración de carpetas de investigación. Indicó que la realización de peritajes médicos y psicológicos suele tardar hasta dos semanas, lo que desincentiva la continuidad de los procesos legales. Por ello, pidió fortalecer el personal especializado en la Fiscalía de Distrito Costa Fronteriza y garantizar que las valoraciones se realicen de inmediato.
Organizaciones civiles pidieron mayor inversión a los gobiernos federal, estatal y municipal para reforzar la prevención y atención de la violencia de género, particularmente en vísperas del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Advirtieron que la falta de recursos y la incertidumbre presupuestal crean condiciones precarias y limitan los esfuerzos por garantizar que mujeres, niñas y adolescentes vivan libres de violencia en el estado.
