Carlos Perola Burguete
Hay momentos en la historia de un país en los que el Estado se mira al espejo y descubre que el enemigo no proviene de afuera, aunque mediaticamente retome y interponga otras noticias internacionales, sino que ese riesgo presente y activo, se ha instalado cómodamente en sus propias instituciones. El caso del llamado huachicol fiscal —la red de extracción, transporte, comercialización y encubrimiento de combustible realizada presuntamente por elementos de las fuerzas armadas— pertenece a esa categoría de revelaciones que nadie en el poder quiere enfrentar.
No es un escándalo más. No es un operativo aislado. No es una falla en la cadena de mando. Es el síntoma de una enfermedad más profunda: una corrupción incrustada en los engranes del aparato estatal, protegida por el fuero militar, la opacidad institucional y la incapacidad —o falta de voluntad— de la Fiscalía General de la República para intervenir.
Lo que revela la serie Soldados del Huachicol, publicada por Aristegui Noticias, así como los materiales analizados de MVS, El Universal, Latinus y otras fuentes y autores, no es solo un delito económico: es un terremoto político, castrense y fiscal que desnuda la fragilidad del modelo de militarización del país.
Destapemos juntos, el desfalco que el Estado no quiere mirar. El desfalco de todas las formas posibles de corrupción, la que involucra a las fuerzas armadas es la más silenciosa y la más peligrosa. Silenciosa, porque opera bajo protocolos que rara vez se discuten en público; peligrosa, porque quienes ejecutan la operación tienen acceso a infraestructura, logística y rutas que el crimen organizado común jamás podría usar. Es necesario la infraestructura institucional y de funcionarios de los poderes del Estado, para hacerlo a plena luz del día y frente a otras autoridades, y un pueblo que bajo el ala de la gorra o el sombrero, para mirar de reojo todos los movimientos sospechosos de una organización de funcionarios, moviéndose todos, como una red de danzantes en la zarzuela ópera de “Carmen”.
Lo verdaderamente inquietante es que esta red no parece haber surgido de improviso. Los videos, testimonios y documentos filtrados exhiben un patrón: descargas nocturnas, vehículos oficiales trasladando combustible, patios clandestinos, mandos señalados y un clima sistemático de protección interna.
Cuando el custodio se vuelve saqueador, el país entero queda indefenso.
¿A cuánto asciende el “recurso económico” de la estafa por huachicol fiscal? Veamos, según los datos encontrados, estas son algunas de las estimaciones más importantes y recientes, según medios e instituciones:
Se habla de 600 mil millones de pesos. La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, afirmó que el daño al fisco por el huachicol fiscal “podría llegar” a 600 mil millones de pesos. De ese total, según sus declaraciones, 16 mil millones ya están querellados ante la FGR. Infobae también reporta estos 600 mil mmdp como una “pérdida histórica”.
Entre 2019 y 2024 la cantidad asciende a 554,750 millones de pesos (entre 2019 y 2024). Según un reporte del Clúster Energético de Nuevo León, se dejó de recaudar por IEPS alrededor de 554,750 millones de pesos, por importaciones declaradas falsamente. Esa cifra se basa en estimaciones de litros no declarados (120,726 millones de litros) y el impuesto por litro.
Pérdida diaria estimada. De acuerdo con PetroIntelligence, el huachicol fiscal le costó al gobierno 485 millones de pesos al día en 2024. Desglosado por impuesto: 124,209 millones de pesos por IVA y otros 52,960 millones por IEPS.
Controversias sobre las cifras. El País reporta que la presidenta Sheinbaum ha dicho que no reconoce como oficial la cifra de 600 mil millones de Galeano porque “todavía no se ha cuadrado toda la información”. Esto sugiere que no hay consenso institucional y que parte del monto estimado podría ser sobreestimado o sujeto a revisión según cómo avancen las investigaciones y las querellas.
¿Qué implica ese monto para el análisis? Una estructura de red con gran impacto fiscal: Si la cifra de 600 mil millones de pesos es siquiera parcialmente correcta, estamos ante una red de corrupción con influencia directa sobre el erario nacional, no una operación menor. Esa dimensión económica debe entrar como un pilar clave de toda investigación.
Incentivos para actores institucionales: Una operación de ese tamaño puede explicar por qué pueden existir tantos “soldados del huachicol”: el incentivo de dinero para aduaneros, militares, empresas fachada y funcionarios es gigante. Esto refuerza la hipótesis de captura institucional.
Riesgo de recuperación parcial: Aunque 16 mil millones ya están querellados, es una fracción muy pequeña del total estimado. Eso implica que gran parte del recurso no se ha reclamado formalmente o no se ha podido documentar aún para denuncias.
Lo que aún falta por saberse, de acuerdo a los materiales publicados y analizados, dejan clara la operación, pero también dejan abiertas preguntas que ningún órgano del Estado ha querido responder: ¿Quién autorizó los movimientos de combustible? ¿Qué mandos conocían la operación y por cuánto tiempo? ¿Dónde terminó el producto descargado? ¿Qué dependencias civiles fueron notificadas —o deliberadamente ignoradas—? ¿Qué montos exactos dejaron de entrar a la Hacienda pública? La investigación periodística ha hecho más que la institucional. Y esa debería ser la primera alarma
Cubriéndose con el artículo 13 de la Constitución, usado como un escudo perfecto por las fuerzas castrenses involucradas, El Artículo 13, es el que reserva la jurisdicción militar para delitos cometidos por militares en ejercicio de sus funciones, fue creado para garantizar disciplina interna, no para cubrir esquemas de desfalco fiscal contra la nación.
Pero en la práctica, se ha convertido en un escudo de opacidad. Gracias a él, los mandos pueden iniciar “investigaciones internas” que nunca salen a la luz. Gracias a él, la Sedena puede negar información bajo la lógica de seguridad nacional. Y gracias a él, el caso del huachicol fiscal puede terminar en una carpeta archivada en un cajón que jamás veremos.
Lo que debería ser un mecanismo disciplinario se transforma, en manos del poder político-militar, en una herramienta para garantizar impunidad.
El Estado contra sí mismo. Este caso —como pocas veces— expone un problema que trasciende el huachicol, el combustible y la pérdida fiscal. El Estado mexicano está compitiendo contra su propia estructura interna.
Mientras Hacienda intenta recuperar ingresos, otra parte del Estado los evapora. Mientras Seguridad Pública combate el robo de combustible, otra parte del Estado lo facilita. Mientras el discurso oficial presume orden y disciplina militar, los hechos muestran redes paralelas que operan como un mercado clandestino administrado desde dentro.
No hay enemigo externo capaz de dañar al país tanto como una institución que, desde adentro, decide dejar de obedecer al interés nacional.
Un país que no quiere mirar su propia sombra. El caso de los soldados del huachicol no es solo un episodio dentro de la corrupción mexicana, es un espejo. Un espejo que muestra un Estado militarizado que no ha fortalecido la seguridad, sino la opacidad. Un Estado que pide confianza, pero que responde con silencios. Un Estado que exige disciplina a la población civil, pero que evita disciplinar a quienes llevan uniforme.
Mientras no se responda qué ocurrió, quién participó y cuánto se perdió, el país seguirá caminando a ciegas, administrando sus recursos como si no fueran de nadie.
Porque la verdad más incómoda es esta. El desfalco duele no por el combustible robado, sino por la certeza de que el Estado sabía, podía detenerlo… y no quiso.
El silencio como política pública. Lo más perturbador de este caso no es la magnitud económica, aunque esta sea enorme. Lo verdaderamente grave es el silencio. El Silencio de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se refugia en el Artículo 13 Constitucional para encerrar el tema en la jurisdicción militar y blindar a sus propios elementos. El Silencio de la Fiscalía General de la República, que no ha solicitado públicamente acceso a expedientes castrenses ni ha ordenado la judicialización de los mandos señalados. El Silencio de los gobiernos estatales y municipales, que saben del movimiento de pipas, de la operación nocturna, de las rutas, pero que entienden —como todo funcionario en México— que enfrentarse al poder militar es cavar su propia tumba política. En México, el silencio es la versión oficial.
La deuda pendiente con el pueblo mexicano.El pueblo mexicano tiene derecho a saber: qué se robó, quién lo permitió, quién se benefició, cuánto costó el saqueo, y qué instituciones fallaron.
No basta una narrativa de éxito operativo. No basta la detención de algunos elementos. No basta el discurso de “combate al huachicol”. Lo que falta es lo esencial: La verdad completa. La cifra total. La rendición de cuentas.
Hasta que no se revele ese número, el caso Soldados del Huachicol seguirá siendo no solo una historia de corrupción, sino un reflejo de cómo se administra el silencio en México.
Sobre nuestro trabajo crítico, que consideramos sostiene a un país. Hablar de los soldados del huachicol no es un intento de dinamitar la autoridad del gobierno, ni un acto de oposición disfrazada. Es, por el contrario, un ejercicio de lealtad pública, una defensa del derecho ciudadano a entender qué sucede dentro del Estado que sostiene su vida cotidiana. Porque la crítica —la crítica honesta, fundada, documentada— no busca derrocar proyectos políticos: busca que estos estén a la altura de lo que prometieron.
Lo que aquí se expone no es una negación del avance ni un llamado al desencanto. Es una advertencia ética. Un recordatorio de que ninguna transformación puede sostenerse sobre huecos de información, sobre silencios estratégicos o sobre la pretensión de que mirar hacia otro lado aminora el daño.
Si este país quiere mantener un sentido común favorable hacia sus instituciones, el camino es uno solo: decir la verdad, toda la verdad, incluso cuando incomoda a quienes gobiernan.
La rendición de cuentas no es una herramienta de ataque; es la base mínima de la legitimidad democrática. Y esa legitimidad no se protege con discursos, sino con explicaciones claras, con expedientes públicos, con sanciones proporcionales y con la convicción de que ningún uniforme, ningún rango y ninguna investidura pueden situarse por encima del interés nacional.
El Estado no pierde autoridad cuando reconoce fallas; la pierde cuando las oculta. El gobierno no se debilita cuando aclara; se debilita cuando evade.
La población no se desmoviliza porque se le diga la verdad; se desmoviliza y busca opciones,cuando intuye que le mienten.
Por eso este texto no es una descalificación, sino un llamado a la coherencia.
Un recordatorio de que las instituciones, para conservar la confianza del pueblo, deben realizar un ejercicio elemental pero decisivo: explicar qué pasó, quién participó, cuánto costó y qué se hará para evitar que se siga repitiendo. La seguridad pública mantiene segura a la población, toda, sin excepciones.
La corrupción no se combate con silencios. La ética pública no se protege con ambigüedades. La confianza ciudadana no se sostiene con comunicados; se sostiene con verdad.
Hoy México enfrenta un espejo difícil: el de un Estado que, en algunas de sus partes, parece competir contra sí mismo. Lo mínimo que puede hacer un gobierno que afirma representar un proyecto ético es mirar de frente ese reflejo y atender lo que está mal, no para complacer a la crítica, sino para honrar al país.
Porque al final, lo que exige la ciudadanía no es perfección, sino transparencia.
No exige castigos ejemplares fabricados, sino sanciones reales. No exige narrativas victoriosas, sino información verificable.
La crítica no es una amenaza. Lo contrario es la verdadera amenaza: que dejemos de exigir, que dejemos de preguntar, que dejemos de señalar lo que duele porque hacerlo incomoda al poder.
Este cierre es, entonces, una advertencia responsable: si queremos un país que avance, necesitamos un Estado que rinda cuentas. Si queremos instituciones respetadas, necesitamos gobiernos capaces de aceptar sus fallas. Si queremos una nación ética, necesitamos una verdad completa.
Solo así, con crítica, claridad y consecuencias, se honra al pueblo al que todo Estado dice servir.
P.D. De lo pendiente, por la magnitud de lo expuesto aquí, puede quedar en los pendientes, a menos que algún o alguna tapachulteca, escriba sobre el Huchicoleo desde Centro America, entrando por la puerta del Sur.
*Carlos Perola Burguete. Investigador Periodístico en luchas del campo mexicano, la soberanía alimentaria y económica y las relaciones entre Estado, empresas y comunidades rurales. Director de la A.C. PEROLA. Miembro Honorario del Despacho Jurídico B&G-Chiapas.
