* La jueza federal evaluará el viernes si el exgobernador de Veracruz obtiene la liberación anticipada
La situación jurídica de Javier Duarte volvió a tensarse luego de que su defensa acusó a personal penitenciario de la Ciudad de México de torturarlo para obligarlo a comparecer ante un juez, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que su conducta durante los últimos años descarta cualquier posibilidad de acceso a la libertad anticipada. La resolución será tomada este viernes, cuando una jueza de ejecución determine si el exgobernador de Veracruz puede abandonar la prisión antes de cumplir su sentencia de nueve años por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante la audiencia realizada este miércoles, la FGR presentó testimonios y documentación que según la institución, evidencian que Duarte ha evitado enfrentar la acusación por desaparición forzada en Veracruz, vinculada al entorpecimiento de la investigación por la desaparición de un taxista ocurrida durante su administración. Conforme a la relatoría de la fiscal auxiliar Denise Moreno Córdova, entre 2021 y 2022 el exmandatario recurrió a ausencias injustificadas, alegatos de enfermedad, suspensiones judiciales y, finalmente, abandonó sin autorización una de las audiencias, por lo que tuvo que ser regresado al recinto bajo medidas de apremio.
La defensa del exgobernador sostiene una versión diametralmente opuesta. De acuerdo con su abogado, Pablo Campuzano, el 16 de noviembre de 2022 las autoridades del Reclusorio Norte inyectaron adrenalina a Duarte cuando éste manifestó sentirse mal y presentó vómito previo a la diligencia. La sustancia habría sido aplicada —afirmó— para obligarlo a mantenerse despierto y sentado, lo que a su juicio constituye un acto de tortura que debe ser investigado. El litigante insistió en que Duarte ha cumplido los requisitos legales para solicitar su excarcelación y que su conducta procesal ha sido distorsionada por la Fiscalía.
La FGR rechazó estas afirmaciones y subrayó que las medidas de fuerza documentadas respondieron únicamente a la resistencia del exgobernador a presentarse en las audiencias iniciales, necesarias para formalizar la imputación por desaparición forzada. Para la institución, la acumulación de negativas evidencia que Duarte no ha observado un comportamiento que amerite el beneficio penitenciario.
Aunque Duarte presenta padecimientos como diabetes e hipertensión, fuentes consultadas señalan que ha recibido atención médica regular y no ha registrado complicaciones mayores durante su estancia en el Reclusorio Norte desde 2017.
El viernes, la jueza Ángela Zamorano Herrera evaluará ambos planteamientos y decidirá si concede o no la liberación anticipada, una determinación que podría redefinir uno de los casos más emblemáticos de los últimos años en materia de corrupción y responsabilidades de servidores públicos.
