Guillermo Ochoa-Montalvo
Querida Ana Karen,
Basta con leer las noticias de cada día para comprender la crisis por la cual atraviesa el campo desde 1989 cuando Salinas de Gortari privatiza las empresas estatales de la alimentación y agravada a partir del 2018 con el dominio de grupos criminales. Miles de protestas de parte de jornaleros, campesinos y productores han caído en oídos sordos de un gobierno que agravan la pobreza estructural del campo sin protección a precios de garantía; inseguridad en la transportación; carencia de crédito de avío; violencia, extorsiones, desplazamientos, homicidios; cobros de derechos de piso y por si fuese poco, sin protección social.
Producir en el campo resulta costoso para quienes arriesgan sus cosechas sin ninguna garantía ni ganancias justas. Entre los acaparadores, “coyotes” y grupos criminales, en el campo mueren de hambres millones de campesinos quienes prefieren dejar de sembrar a seguir siendo víctimas del abuso de los grandes empresario quienes obtienen miles de millones de pesos en ganancias sin mayor riesgo.
Los desafíos que enfrenta el campo mexicanos son múltiples, entre ellos: la migración y su consecuente repatriación con dificultades serias para el costoso envió de divisas y la devaluación de peso frente al dólar que afecta seriamente a familia que en vez de recibir 22 pesos por dólar, hoy apenas reciben 17 pesos. Esas remesas constituyen el principal ingreso de las familias del campo; pero con la política xenófoba de Estados Unidos, agudizan la situación.
El TLC afectó gravemente a los productores de granos, principalmente el maíz y el frijol, con medidas de aranceles desproporcionados; y para 1995, las importaciones de granos a México, le dieron la puntilla de muerte al campo beneficiando a empresarios especializados en productos de alto valor de exportación como los aguacates, los berries, la carne de res y cerdo, la cerveza y el tequila, y los jitomates. La pobreza alimentaria pasó de 18 millones de personas a más de 22 millones quedando en la línea de la extrema pobreza más del 60% de ellos.
Con las reformas constitucionales se provocó la reconversión del campo colectivo a propiedad privada con el PROCEDE. Desde el 2018, las organizaciones campesinas fueron debilitadas, desconocidas y hasta proscritas por la presidencia del señor López y con ello, se perdió la fuerza de organización y participación de las asociaciones agrícolas que reclaman y siguen reclamando justicia. Los analistas señalan que “el ingreso mensual per cápita de la población mexicana, que ha permanecido estancado, a precios constantes, desde 1992: el ingreso medio rural fue de $1,995 ese año y de $2,006 en 2016. Lo mismo ha sucedido con el urbano, ya que en esos mismos años pasó de $4,741 a $4,371. Además, la incidencia de la pobreza alimentaria fue la misma en 1992 y 2016, mientras que el número de mexicanos en esta situación pasó, en ese período, de 18.6 millones de personas a 21.5. La sociedad rural se ha transformado profundamente”.
Sin campo la vida se encarece; la cadena productiva se debilita; la gente del campo sufre en miseria y los de la ciudad la carestía de la vida con una inflación silenciosa que golpea escandalosamente los bolsillos familiares.
Lo peor de todo es la tolerancia del gobierno federal ante los abusos del crimen organizado. Poner oídos sordos a las miles de protestas diarias en el país pone en riesgo la gobernabilidad porque todo tiene su límite y el pueblo ya está harto de callar a balazos a los líderes del águate, el maíz, las legumbres y la ganadería que se atreven a gritar y a enfrentar a las autoridades.
El número de muertos por estas cuestiones es alarmante. México es considerado uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente y el territorio, muchos de los cuales son líderes campesinos e indígenas. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) informó que un total de 102 defensores del campo y medio ambiente fueron asesinados en México durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde diciembre de 2018 hasta septiembre de 2024. En un período de cinco años (2020 a 2024), se documentaron 123 defensores ambientales asesinados, lo que resalta la gravedad continua del problema. Organizaciones mundiales como la Global Witness afirman que México fue el país con el mayor número de activistas campesinos asesinados a nivel mundial en los últimos 5 años.
Las principales víctimas de estos ataques suelen ser miembros de pueblos y comunidades indígenas (cerca del 45% de las agresiones), que a menudo actúan como líderes agrarios o campesinos. La falta de un registro oficial consolidado y específico para “líderes campesinos” hace que que las estadísticas registren mucho menos víctimas que las reales por no atreverse a denunciar o por el acoso de las misma autoridades.
Los investigadores afirman que “La sociedad rural es fundamental para el desarrollo del país más allá de las cifras sobre PIBA, por el conjunto de bienes ambientales, culturales y económicos que provee y podría proveer hacia el futuro a la sociedad nacional. La sociedad rural es extraordinariamente compleja y diversa. Coexisten diversas lógicas productivas y sociales de las cuales rinden cuenta las diversas tipologías que se han elaborado para los productores agropecuarios”.
A los campesinas se les ha utilizado desde siempre como el mejor capital político electoral. Los líderes de las Centrales campesinas negociaban cargos públicos y políticos a cambio de la movilización de enormes contingentes hacia las urnas durante las elecciones. Esa práctica no ha cambiado; la diferencia es que antes, cuando menos se les compensaba de alguna forma; hoy, simplemente se les amenaza y se les coerciona.
El homicidio de Carlos Manso abrió grandes ventanales de la realidad nacional en el campo; Uruapan, un municipio rico en producción agrícola enfrenta situaciones de pobreza a causa de la indolencia, la complicidad y la sordera de un gobierno federal que tendrá que reaccionar ante las presiones arancelarias de Trump y sus políticas migratorias y de intervención contra los narcotraficantes en México; el TEC MEC ejercerá su presión y en ello, hasta el mundial de fútbol queda en riesgo.
Castigar al campo significa endeudamiento público. Este gobierno, entre 2018 a 2025, acumuló más deuda que en 200 años desde 1824 a 2018. En 200 años la deuda fue de 10.5 billones de pesos; en cambio, de 2018 a 2025, la deuda es de 20.2 billones de pesos, el doble en sólo 7 años.
Como sea, el tema del campo no es una asunto menor, es quizá, el más delicado que enfrentará México en los próximos años porque la libertad e independencia requiere de autosuficiencia alimentaria, sin ella, no hay soberanía posible. Abandonar al campo no es una cuestión de amor.
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I. LA CONVERGENCIA DE TRANSICIONES: ARTICULAR Y ALINEAR LAS POLÍTICAS RURALES
Al campo mexicano se le exigió entre 1940 y 1970 las tres contribuciones básicas de la agricultura al desarrollo: divisas, bienes salario baratos y mano de obra barata. Cumplió con creces en esas tres funciones siendo un sostén crucial para el crecimiento económico de México en esos años.
A fines de los sesentas el campo entró en una crisis de reproducción de la economía campesina y poco después de la misma producción de alimentos. En los setentas se intenta enfrentar esa crisis a partir de lo que parecía un nuevo enfoque cuyo énfasis mayor estaba centrado en la expansión del intervencionismo estatal en el campo junto con el impulso a formas de asociación productiva entre los campesinos y entre éstos y los empresarios.
La crisis de la deuda y los mismos procesos de globalización y apertura comercial llevan en los noventas a un enfoque cuyo énfasis mayor y casi único estuvo centrado en el papel de los mercados. Abandonada la idea de políticas de desarrollo sectorial, las intervenciones al campo en la primera década de este siglo han estado centradas sobre todo en administrar la pobreza.
Dado estos avatares parece legítimo preguntarse ¿qué tipo de campo queremos para México? A juzgar por las políticas realmente implementadas se quería un campo que dejara de ser campo o dicho de otra forma un campo que en términos de producto interno bruto, de población económicamente activa y de población rural fuese marginal.
Pero todo ello hubiese supuesto que las exportaciones se convirtieran en el motor del crecimiento, que se crearan crecientemente más empleos formales en los sectores secundarios y terciarios y que los mercados funcionaran mejor sin intervenciones del Estado. Y en el caso de la alimentación que una parte sustancial de las necesidades internas se cubrieran con importaciones baratas de alimentos.
Esta visión funcionó con imperfecciones, porque ni el crecimiento ni el empleo formal estuvieron a la par de las predicciones de quienes consideraban que el mejor campo era un campo sin campesinos.
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