Manuel Ruiseñor Liévano
¿Somos un país anestesiado? A no dudarlo, una pregunta difícil de responder en el México actual, en el cual los escenarios tanto económico como político y social, se ven estremecidos por la incertidumbre que generan hechos y datos dignos de la mayor preocupación y, por supuesto, de la atención ciudadana.
En lo económico, tenemos enfrente un panorama preocupante derivado del reporte reciente del INEGI, el cual señala que el Producto Interno Bruto cayó 0.3 por ciento en el tercer trimestre de 2025, tanto en comparación trimestral como anual. Un dato en el que coinciden especialistas, no sólo se refleja una desaceleración, sino que se marca la primera caída interanual desde 2021, siendo que el causante principal del retroceso es el sector industrial, el cual se desplomó 2.9 por ciento anual (manufactura, construcción, minería y generación de energía); una cuestión —al parecer de los expertos— constituyente de una “tormenta “perfecta”. Es decir, menor inversión, incertidumbre comercial y altos costos de insumos.
A todo esto y a pesar de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha considerado que se debe a factores externos como la guerra arancelaria de Donald Trump, no puede ignorarse el freno de la inversión pública, la debilidad del consumo y una política fiscal restrictiva que limita la dinámica económica.
Ha llegado el momento en que el gobierno federal y el Banco de México, reconozcan que la desaceleración no se enfrenta con discursos sino mediante políticas públicas. Porque, y sin ir más lejos, México corre el riesgo de caer en una recesión técnica. ¿Está México anestesiado?
A nivel político y de acuerdo con el reporte de World Justice Project (WJP), en el cual se valoran aspectos como ausencia de corrupción, transparencia gubernamental, derechos humanos, cumplimiento de la ley, acceso a la justicia y contrapesos gubernamentales, la anestesia nacional marca que México está entre los países con menor cumplimiento del Estado de Derecho.
En ese prestigiado indicador, el país registró una caída en el Índice del Estado de Derecho por causa de un retroceso en aspectos claves como corrupción y respeto a los derechos humanos. México obtuvo la posición 121 de 141 naciones evaluadas, apenas arriba de Nicaragua, Haití y Camboya.
Como en otros tiempos, pareciera que tanto gobierno como sociedad nos miráramos en el espejo del pasado, cual si nos hubiéramos transportado a través del túnel del tiempo hacia la década de los 30’s del siglo pasado. Y es que nos vemos hoy como el régimen de una sola persona y de un partido autoritario; muy parecido a aquel de un país que estuvo hibernando más de 6 décadas en la cueva de la dictadura perfecta y del control total.
¿Dónde están las leyes, las instituciones, la democracia, la independencia de los poderes públicos, la sociedad activa que hizo posible la transición democrática y la alternancia de poderes? ¿Está México anestesiado?
En lo que concierne a lo social y a no dudarlo, es de la mayor relevancia para el ahora y el mañana de la nación, el incalificable asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, acaecido en plena celebración de los Días de los Fieles Difuntos en un acto público. Un suceso que está marcando un parteaguas en el tema ético y moral más sensible y preocupante para todas y todos los mexicanos: la inseguridad. Lo cual, en otros términos, pone en duda la capacidad que tiene el Estado para hacer prevalecer la gobernabilidad y, por ende, la paz social.
Además de ser un asunto significativo para la gesta ciudadana, porque llevó al poder público a un líder con un proyecto que desde origen se opuso al chantaje y a la extorsión del crimen organizado, ante la apatía y los malos resultados en seguridad y protección a la integridad de las familias y en la salvaguarda de su patrimonio.
Hablamos de un alcalde el cual, en reiteradas ocasiones, demandó mano dura contra el crimen organizado y que, como ya referimos, fue asesinado a tiros el sábado pasado por la noche, mientras asistía a una celebración del Día de Muertos.
Carlos Manzo encarnaba el hartazgo y la respuesta social del pueblo de Uruapan, debida a la acción de los cárteles en el estado de Michoacán, donde cotidianamente se sufre la violencia entre grupos delictivos rivales y con las fuerzas de seguridad estatales y federales, al igual que en muchas otras partes del territorio nacional.
El de Uruapan, fue un hombre de ejemplar valor civil que jamás se cansó de denunciar a grupos criminales por extorsionar a los productores de aguacate y limón de su ciudad. Actividades que son sustento económico de ese importante municipio de Michoacán.
Carlos Manzo, debe subrayarse, jamás representó la imagen de un ciudadano anestesiado. Ante el letargo social e institucional imperante, sin temor, antepuso su anhelo de sacar adelante a su pueblo. Carlos Manzo es parte de esa ciudadanía que hoy México requiere más que nunca, si en verdad se aspira a vencer el miedo que ata de manos la tranquilidad, la seguridad y la concordia.
Cierto es que Manzo fue una figura incómoda para el gobierno federal de México, toda vez que hubo calificado de fracaso la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, para frenar la violencia de los cárteles, reclamando más poder para contraatacar. Así también lo hizo con los llamados gobiernos neoliberales.
Carlos Manzo no fue, pues, parte del México anestesiado. He aquí palabras que lo confirman: “No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados, de los que les han arrebatado la vida”, dijo. “Tengo mucho miedo, pero tengo que acompañarlo de valentía”.
Lo lamentable de la violencia desatada en este país es que no se trata de hechos aislados sino concatenados, toda vez que desde octubre de 2024 a la fecha, el trágico recuento suma en total de lo que va de la presente gestión federal, 8 alcaldes en funciones asesinados.
He aquí el recuento fatal: en 2024, los ediles de Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos Catalán; Román Ruiz Bojorquez de Candelaria, Loxica, Oaxaca; Jesús Franco Lárraga de Tacanhuitz, San Luis Potosí. Ya en 2025 fueron asesinados Mario Hernández García de Santiago Amoltepec, Oaxaca; Isaías Rojas Ramírez de Metlatónoc, Guerrero; Salvador Bastida García de Tacámbaro, Michoacán; y el pasado 20 de octubre Miguel Bahena Solórzano de Pisaflores, Hidalgo. Todos a manos del llamado crimen organizado.
Y ante estos hechos no se vale, no basta aceptar –a menos que estemos en un México anestesiado– el argumento o la excusa de siempre del actual régimen respecto de que la culpa es exclusivamente del pasado; es decir de quienes gobernaron antes. Mirar al pasado de manera llana y superficial solo contribuye a la somnolencia en la cual no debe caer más la sociedad. ¿Merece México ser un país anestesiado?
A MANERA DE COLOFÓN
Sobran pues los hechos y los indicadores en torno a que ha llegado la hora de cambiar nuestro presente y por ende el destino nacional. Salir de la anestesia en que moral y políticamente se vive la realidad actual. Y para ello es menester plantearse, como individuos y como colectivo una pregunta adicional: ¿Cómo construyen las naciones su destino?
En su libro The Measure of Civilization, Ian Morris apuntó que “el desarrollo depende básicamente de la capacidad que tienen las sociedades para hacer las cosas en el mundo y compararlo a través de vastas extensiones de tiempo y espacio”.
Partiendo del índice de la ONU para el desarrollo humano, nos dice: “habría que ver lo bien que lo hacen los gobiernos a la hora de crear condiciones que permitan a sus ciudadanos alcanzar su potencial humano innato”. Los economistas de la ONU apuntan que lo que realmente se necesita es un puñado de rasgos que se pueden medir y cubren aproximadamente lo que entendemos por desarrollo humano.
Nuestro país no podría comprenderse en el marco de una sociedad pasiva y de un control gubernamental total. De una u otra forma, ciudadanos y autoridades tenemos que cumplir nuestra parte. Por un lado, contar con instituciones que operen para imponer la ley y el orden, capaces de castigar a los agresores; eficaces en ordenar y hacer rentable la economía; pero por igual en garantizar las libertades públicas y los derechos humanos y sociales consagrados en la Carta Magna.
El concepto de destino, a partir de la política y la filosofía, desde el pensamiento clásico hasta el moderno, hizo prevalecer las ideas de libertad, responsabilidad individual y causalidad como formas de la participación. Sin embargo, el uso político del destino como una fatalidad —desde la antigua Grecia— ha sido empleado a lo largo de la historia por los autoritarismos para justificar atropellos.
Lo incierto de la escena nacional que vivimos, nos debe generar desafíos que se conviertan en llamados a reflexionar con serenidad, respecto de la responsabilidad que tenemos de actuar con base en principios. Claro está, si lo que aspiramos es a determinar nuestro futuro con verdad y libertad. Lo hagamos por amor a la patria.
