Manuel Ruiseñor Liévano
—El caso Chiapas—
Si algún signo ha caracterizado a una buena porción de la llamada “clase política mexicana” en las últimas décadas, este ha sido el del cinismo y la desvergüenza. La desfachatez con la cual algunos de sus miembros –y aquí caben los de todas las insignias partidistas sin excepción — se desempeñan en el ejercicio de la función pública.
Una actitud marcada por la soberbia y el desprecio tanto a los valores éticos y morales, como a la norma jurídica que rige su desempeño. De ahí los recurrentes señalamientos a las acciones cometidas en el ejercicio de su responsabilidad institucional. Una cuestión a la que, por supuesto, Chiapas no escapa en una escena donde para infortunio social, más tarde que temprano afloran los casos de corrupción en el manejo de los dineros del pueblo.
No es necesario cavar hondo para encontrar alguno de esos “ejemplares” que contradicen los principios de servicio público en los usos del poder, ora en beneficio propio, ora en pro de su familia y allegados, ora en favor de camarillas asociadas a las estructuras del crimen organizado.
Y es que de acuerdo al “tumbaburros” de la política, cuando se habla de cinismo es cuando sus “oficiantes” actúan con falsedad y desvergüenza, sin esconder sus oscuras motivaciones.
Sostiene el Diccionario de la Real Academia Española que, como primera acepción, “cinismo” (Del lat. cynismus, y este del gr. κυνισμός kynismós), significa “desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables”.
¿Qué tal eso? Y es que a estas alturas de la aún magra e incipiente democracia a la mexicana, una tras otra se siguen profundizando las grandes incongruencias que caracterizan al ámbito político de los últimos años. Un prolongado espacio entre el neoliberalismo y el progresismo, en el cual la retórica colisiona frontalmente con la realidad de los actos.
Todo esto viene a comento por los reportes arrojados en la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), respecto de la Cuenta Pública 2024, en el cual señala a las gestiones de Rutilio Escandón Cadenas — flamante Cónsul General de México en Miami, Florida—, así como a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, como las de mayores desvíos.
La cuestión es que se hubo detectado transferencias a cuentas, falta de documentación que justifique erogaciones, pagos indebidos, entre otras anomalías que documentan la creciente desconfianza popular en la clase gobernante y las instituciones del Estado.
Estamos hablando de que en la entrega del segundo paquete de auditorías al gasto público, correspondiente al año 2024, la ASF reportó que tanto Veracruz como Chiapas desfalcaron los fondos federales recibidos para salud, educación, infraestructura social y los recursos para fortalecer a sus estados, entre otros rubros.
Y también de que entre las irregularidades fueron encontrados pagos indebidos o a trabajadores no identificados, transferencias a cuentas bancarias y subejercicios. Lo anterior, en el marco del minucioso informe de las auditorías ,el cual indica que de los 4 mil 607.6 millones de pesos pendientes de comprobar su destino en los gobiernos estatales, 34.5% (1,591.2 mdp) corresponden a las auditorías integrales en materia de salud; 30.2% (1,391.5 mdp) correspondió al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas; 17.9% (825.2 mdp) a las instituciones de educación media superior, y 10.5% (483.5 mdp) en el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.
En el documento de precisa que en las indagaciones efectuadas al gobierno de Veracruz se determinó el mayor monto por aclarar con 1 mil 115.3 millones de pesos, que representan 24.2% del total de ese concepto; al cual le sigue Chiapas con 678.5 millones de pesos (14.7%).
Entre las principales observaciones del órgano fiscalizador están subrayadas: falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto; pago de remuneración indebidas o injustificadas al personal; conceptos no autorizados por la dependencia normativa y observaciones de obra pública o adquisiciones.
Por igual, pagos improcedentes y en exceso; transferencia de recursos a otras cuentas bancarias; recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa, bienes adquiridos no localizados y una serie adicional de otras “linduras” que agravan el manejo de los recursos del pueblo.
De ese tamaño es la desfachatez de políticos como el hombre de Venustiano Carranza, a quien meses atrás se vio en tierras chiapanecas, luciendo sin el menor recato los frutos del despilfarro al viajar a su tierra natal en un Jets rentado a compañías con sede en el norteamericano estado de Florida.
El hartazgo y la desconfianza popular en la llamada “clase política”, es cada vez mayor y justificado. La impunidad y con ello la corrupción, marchan invictas en un estado como Chiapas, donde la pobreza y el atraso son una realidad ominosa que lacera la dignidad de la población.
¿Qué hacer ante la corrupción e impunidad en la gestión pública? La respuesta que primero se esgrime es ya un lamentable lugar común: transparencia y rendición de cuentas; fortalecimiento de las instituciones investigadoras y sancionadoras; presentación de denuncias; informar y fiscalizar y así sucesivamente todo un abalorio de medidas que en la práctica no encuentran el criterio de la verdad.
A no dudarlo, la corrupción campea invicta como uno de los flagelos humanos y sociales más importantes de nuestro ayer y nuestro ahora en esta triste la realidad mexicana. Gobiernos van gobiernos vienen, se indician nombres, se señala a instituciones y a órdenes de gobierno; sin embargo, no pasa nada. No hay castigo ejemplar, ni siquiera sanción institucional o regaño político y esa cobija de la falta de la inacción de la ley se sucede gobierno tras gobierno.
¿Qué nos deparan el presente y el futuro de México y de Chiapas?
Desde un enfoque filosófico, podría considerarse a la corrupción no sólo como un problema administrativo o legal, sino una cuestión profundamente arraigada en las estructuras morales de la sociedad. En ese sentido, vale la pena escuchar con atención a Fernando Savater, cuando sostiene que “en cierta medida la corrupción es un asunto cultural y lo peor que le puede pasar a una sociedad es acostumbrarse a ella”. No lo hagamos, que ya sería un cambio positivo.
