Exgobernador de Guerrero confirma revocación de visa; niega vínculos con el crimen organizado
* Héctor Astudillo afirma que la medida generó una campaña de desprestigio y asegura desconocer las razones de la decisión del Departamento de Estado
El exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, confirmó que el Gobierno de Estados Unidos le revocó la visa de ingreso, decisión que, según señaló, desconoce en sus motivos y que ha derivado en una serie de acusaciones infundadas en su contra.
En entrevista, el exmandatario señaló que fue notificado el 31 de julio sobre la cancelación del documento, vigente hasta 2029, y que ya inició el proceso para tramitar una nueva visa, con cita programada para septiembre de 2026. Explicó que acató las indicaciones de la embajada estadounidense y entregó el documento, aunque insistió en que nunca ha tenido problemas migratorios ni con autoridades norteamericanas.
Astudillo consideró que la revocación podría estar relacionada con declaraciones que realizó días antes del aviso oficial, en las que criticó la política arancelaria del expresidente Donald Trump hacia el jitomate mexicano. “No puedo afirmarlo con certeza, pero me parece que mis comentarios sobre los aranceles pudieron incomodar a algunos sectores”, comentó.
Tras la filtración de la revocación en redes sociales, dijo, comenzó una “guerra sucia” en su contra, con señalamientos de presuntos vínculos con la delincuencia organizada. “Rechazo categóricamente cualquier insinuación de ese tipo. No soy un delincuente ni permitiré que se me trate como tal”, sostuvo el también exsenador priista.
El político guerrerense aseguró que su intención de solicitar nuevamente la visa no responde a un interés personal por viajar, sino al deseo de conocer las razones oficiales de la decisión. “Si fue por haber sido gobernador de un estado con tantos desafíos en materia de seguridad o por mis declaraciones públicas, quiero saberlo”, afirmó.
De acuerdo con reportes de agencias internacionales, al menos medio centenar de funcionarios, exgobernadores y legisladores mexicanos han enfrentado medidas similares dentro de una política estadounidense orientada a restringir el acceso a personas investigadas por presuntos casos de corrupción o vínculos con el narcotráfico.
