Alejandro Flores Cancino
Durante años, los gobiernos convirtieron la comunicación institucional en una pasarela de logotipos personales. Cada administración borraba la anterior para imponer su sello: colores, frases y emblemas que duraban lo que un sexenio. La política se volvió marca, y el Estado, una franquicia.
El primer gobierno de la llamada 4T rompió con esa costumbre. Recuperó la sobriedad republicana al eliminar los logotipos sexenales y respetar los escudos oficiales (los de la nación y los de casi todos los estados) como símbolos permanentes. Fue, al menos en la forma, un regreso al sentido institucional: reconocer que las instituciones no pertenecen al gobernante, sino al pueblo.
En Chiapas, ese gesto de respeto contrastó con el exceso del pasado reciente. Entre 2012 y 2018, los aros de colores que identificaban a la administración de Manuel Velasco saturaron la vida pública. Estaba en uniformes, bardas, vehículos, documentos y hasta en las banquetas. Aquella identidad visual terminó por representar no al estado, sino al ego de un gobierno que confundió promoción con presencia.
Hoy, sin embargo, Chiapas vuelve a discutir su imagen, la propuesta para modificar el escudo de armas del estado. No es cosa menor, se trata de rediseñar el símbolo que nos ha acompañado por casi cinco siglos como chiapanecos.
El problema no es el diseño ni la modernización gráfica. El problema es el origen y el propósito. La iniciativa no nace de una necesidad, o de un debate ciudadano ni de una revisión histórica plural. Surge desde los mismos círculos del poder que controlan el Congreso y los espacios culturales. Se presenta como “propuesta social”, pero quienes la promueven son funcionarios, académicos y asesores ligados al régimen.
En Chiapas, los símbolos nunca son inocentes. El escudo actual, con su león, su torre y su río, es una herencia colonial que representa la conquista del Cañón del Sumidero. Habla de sometimiento, sí, pero también de historia. Negar su origen sería tan falso como borrar la influencia española del presente chiapaneco. Lo que corresponde no es sustituirlo desde el poder, sino repensarlo desde la sociedad.
Los símbolos solo tienen valor cuando trascienden el sexenio. Cambiar el escudo sin consenso (y no mediante una consulta que sería fácil de ganar), en un contexto donde la cultura se usa para legitimar decisiones políticas, sería repetir el mismo vicio que antes se criticaba: confundir identidad con propaganda.
Porque el verdadero cambio simbólico no se logra redibujando un escudo, sino reconociendo el peso de la historia y los límites del poder… Y esa lección sigue siendo la más difícil de aprender.
