* La Fiscalía detectó compras millonarias en efectivo y simulación de transacciones
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, por su presunta participación en una red de corrupción y lavado de dinero vinculada al llamado huachicol fiscal en aduanas del país.
De acuerdo con la causa penal 325/2025, ambos marinos realizaron múltiples operaciones financieras y adquisiciones que superan con creces sus ingresos como asalariados de la Secretaría de Marina (Semar). La FGR documentó movimientos bancarios, compras de inmuebles y vehículos en efectivo, así como aportaciones millonarias a seguros de vida y transferencias que carecen de sustento económico comprobable.
En el caso del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente vinculado a proceso por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos, se identificó la compra de una casa por más de cinco millones de pesos en 2019, pagada parcialmente en efectivo, así como depósitos y pagos equivalentes a más de un millón de dólares. Además, realizó transacciones con empresas privadas y movimientos que generaron alertas por su magnitud y frecuencia.
Su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, hoy prófugo de la justicia, habría efectuado operaciones similares. La FGR señala que, aunque también es empleado de la Marina, realizó gastos que exceden sus percepciones y compró un vehículo valuado en casi dos millones de pesos, además de inmuebles y aportaciones millonarias a seguros personales.
Los informes de la Fiscalía sostienen que ambos funcionarios habrían simulado operaciones y utilizado familiares como prestanombres para justificar la adquisición de bienes. Además, registros telefónicos y georreferencias vinculan sus comunicaciones con zonas y regiones navales cercanas a puertos donde se habrían realizado movimientos de combustible sin el pago de impuestos.
Las autoridades federales presumen que los hermanos Farías Laguna formaron parte de una red integrada por servidores públicos, civiles y empresas privadas dedicada a desviar recursos y lavar las ganancias obtenidas del contrabando de hidrocarburos. Mientras Manuel Roberto permanece recluido en el penal del Altiplano, su hermano Fernando enfrenta una orden de aprehensión pendiente.
