Manuel Ruiseñor Liévano
Aunque el actual debate público en el país oscila entre la frivolidad y veleidad propias de la clase política y la indiferencia y acaso estolidez social, incontrovertible sigue siendo el hecho de que México suma décadas en la cola de naciones cuyo gasto educativo está por debajo del promedio de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Una recomendación que, no sobra subrayar, acota en los países miembros de ese esquema las posibilidades de su desarrollo. Nos guste o no.
En un marco general y como dijera el inefable Carlos Monsiváis, para documentar nuestro optimismo basta referir que de acuerdo con el reporte Education at a Glance 2025, “mientras el promedio en la región supera los 13 mil dólares por niño en educación temprana y hasta los 10 mil a 12 mil dólares por alumno en niveles básicos, en México la inversión apenas alcanza 2 mil 790 dólares por estudiante en primaria y aún baja en secundaria, lo cual coloca al país en la cola de la lista”.
A esa ominosa realidad debe agregarse que, de aprobarse el recorte a la educación en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PEF), el recurso del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) arribaría a mil 624 millones 982 mil 619 pesos y el de la Dirección General de Educación Indígena a 121 millones 605 mil 887 pesos.
Vamos por partes que el tema bien lo merece. En el PEF 2026 están planteados recortes del orden de los 104 millones 10 mil 366 pesos al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), entidad encargada, nada más pero nada menos, que de alfabetizar a ese Mexico pobre del Sur Sureste ( Chiapas, Oaxaca y Guerrero, principalmente), que aún vive en la sombra del saber que libera a los pueblos, José Martí dixit.
Como parte de los ajustes planteados la tijera fatal del presupuesto también se esgrime sobre la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe con 15 millones 166 mil pesos, todo lo cual suma una disminución total de 119 millones de pesos (datos del propio INEA).
Lo grave del caso es que, como todo parece indicarlo, se estaría arrastrando entre las ruedas de la insolvencia de los recursos públicos el destino de millones de mexicanos que aún no saben leer ni escribir. Una realidad que excluye del bienestar a entidades como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, pero también y en menor medida a Michoacán, Hidalgo y aún Puebla, que hoy tienen en plena marcha sus respectivas cruzadas alfabetizadoras, apelando a la generosidad de propios y extraños, instituciones públicas y privadas, quienes hoy se desviven por apoyar solidariamente la causa educativa, pero se inquieren respecto de “los motivos del lobo”.
Lo anterior en un escenario atizado por cuatro millones de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, concentrados en Veracruz, Chiapas, Estado de México, Oaxaca y Puebla, de acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. Población, hay que resaltarlo, en gran parte indígena y que por esa causa requiere mayor atención.
La cuestión es que el escenario actual complica los retos planteados para la alfabetización, lo cual siembra obstáculos en el reto de lograr avances palpables a pesar de la voluntad manifiesta de atender y servir, toda vez que es imprescindible invertir más recursos y cumplir así con la meta oficial manifiesta por el titular del INEA, Armando Contreras (septiembre 9 del 2025), de reducir el analfabetismo a 3.8% de la población nacional.
A manera de colofón, podría decirse que a estas alturas de la historia y de los grandes desafíos que enfrenta el país, es prácticamente inaceptable la disminución de los recursos públicos en temas capitales como la educación pública.
Lo anterior, sin dejar de reconocer que en entidades federativas como Chiapas, marcadas de manera endémica por el rezago educativo y la pobreza significativa, se está haciendo desde la gestión pública del estado un esfuerzo apreciable para sacar de la sombra del beneficio social a millones de chiapanecos, quienes hasta ahora son excluidos del bienestar,
Finalizo subrayando que tal y como lo ha sostenido la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, Sociedad, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), los progresos más importantes que ha logrado la humanidad tiene como base a la educación y con ella a la alfabetización.Educación como derecho humano fundamental que no puede conculcarse a nadie. Alfabetización como clave del progreso tanto individual como colectivo, para el empoderamiento de las personas y su inserción plena en el desarrollo económico y democrático;.
Si no, observemos los siguientes datos duros con atención, mismos que nos revelan lo que entraña alfabetizar para construir una nueva sociedad más justa y equitativa.
No obstante y a pesar de los grandes progresos alcanzados por la humanidad, datos de este 2025 señalan que al menos hay 739 millones de adultos que no saben leer ni escribir, dos tercios de ellos son mujeres, así como 250 millones de niños que no adquieren las competencias básicas en lectoescritura.
Y entre todo este grupo, reiteramos, están 4 millones de mexicanos y cerca de medio millón de chiapanecos que aún no alcanzan los niveles mínimos de lectura. Vaya desafío en un territorio como el de Chiapas, donde debiera ser un compromiso ético y moral ineludible apoyar la Cruzada Estatal de Alfabetización “Chiapas puede”. ¿Puede?
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