- Concesionarios acusan falta de estudios técnicos y presuntos actos de corrupción en el otorgamiento de 216 nuevos permisos en septiembre
Redacción / Alfaro Noticias
Representantes de organizaciones de transportistas concesionados en San Cristóbal de Las Casas denunciaron este lunes presuntas irregularidades en la reciente entrega de 216 concesiones para unidades de transporte público, autorizadas por la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado durante el mes de septiembre.
En conferencia de prensa, los inconformes señalaron que el proceso se realizó sin convocatoria pública ni estudios técnicos de factibilidad, lo que según afirmaron, contraviene la Ley de Transporte vigente. Aseguraron que esta situación podría generar conflictos dentro del gremio y afectar la estabilidad del servicio en la región.
“Estamos viendo que se procedió de forma ilegal. No hubo convocatoria ni estudio técnico, como marca la ley. En febrero se otorgaron 300 concesiones con base en un análisis de factibilidad; ahora se entregan más de 200 sin ningún sustento”, denunciaron los voceros del grupo.
Los transportistas advirtieron que la nueva entrega de permisos perjudica a quienes ya operan legalmente, pues la cantidad de unidades en circulación ha reducido sus ingresos y dificultado la renovación de vehículos. “Si esto sigue así, el transporte no va a poder modernizarse; muchos compañeros que adquirieron unidades con crédito son los más afectados”, señalaron.
Durante su intervención, acusaron además que algunas de las concesiones habrían sido asignadas a personas ajenas al sector, e incluso mencionaron el presunto cobro de entre 50 y 100 mil pesos para favorecer a determinados solicitantes. “Se habla de dinero a cambio de beneficios. Queremos que se investigue quiénes fueron los verdaderos beneficiarios y bajo qué criterios se entregaron las concesiones”, expresaron.
Los concesionarios exigieron al Gobierno estatal una revisión exhaustiva del proceso, así como la suspensión temporal de los permisos otorgados hasta que se compruebe su legalidad. “No pedimos privilegios, pedimos que se respete la ley y que no se siga premiando la corrupción”, concluyeron.
