* La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la medida y anunció una reforma federal para agilizar la extinción de dominio en casos de corrupción
El gobierno de Campeche, encabezado por la morenista Layda Sansores, declaró la expropiación de cuatro predios que serán destinados a la construcción de un plantel de la Universidad Rosario Castellanos. Al menos tres de los terrenos están relacionados con Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI y exgobernador del estado, a través de su madre, Yolanda Mercedes Cárdenas, y de su arquitecto de confianza, Juan José Salazar.
La decisión se amparó en la nueva Ley de Expropiaciones, aprobada recientemente por el Congreso local con mayoría de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, frente a la oposición de legisladores del PRI y PAN. La norma, que sustituyó a la de 1981, fue bautizada coloquialmente como “Ley Alito”, pues durante el debate se anticipó que permitiría recuperar predios presuntamente adquiridos de forma irregular por el actual senador.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la medida desde Palacio Nacional y afirmó que los predios en cuestión fueron adquiridos “con dinero de la corrupción y lavado de dinero”. En ese contexto, adelantó que el gobierno federal trabaja en una reforma a la ley de extinción de dominio, para facilitar que propiedades compradas con recursos ilícitos puedan destinarse a fines sociales, como escuelas y universidades.
Layda Sansores calificó la expropiación como un “acto de justicia” y celebró que los terrenos se conviertan en espacios educativos. En su programa semanal “Martes del Jaguar”, la gobernadora ironizó que los predios estaban concebidos como zonas de recreación familiar de Moreno y ahora albergarán instalaciones universitarias.
Por su parte, Alejandro Moreno rechazó que los bienes pertenezcan a él y acusó al gobierno de Campeche de “persecución política”. Recordó que en procesos anteriores obtuvo resoluciones judiciales a su favor y anunció que impugnará la decisión a nivel nacional e internacional. “Se trata de una medida anticonstitucional que busca despojar a mi familia de propiedades legítimas”, declaró en entrevista.
El dirigente priista enfrenta además dos investigaciones abiertas por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche: una por presunto desvío de 83.5 millones de pesos durante su mandato como gobernador (2015-2019) y otra por enriquecimiento ilícito. Su condición de senador le ha permitido mantener el fuero, aunque el Congreso federal podría eventualmente retirarle esta protección.
