* La presidenta Sheinbaum asegura que el empresario busca politizar sus obligaciones fiscales y destaca que las deudas deben cumplirse conforme a la ley
El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, volvió a atacar al gobierno federal tras el rechazo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a negociar acuerdos fuera del marco legal sobre sus adeudos fiscales en México. En un mensaje difundido en redes sociales, Salinas Pliego calificó al gobierno de la mandataria como “corrupto a niveles nunca vistos” y señaló diversos problemas en el país, como la violencia en Sinaloa y la escasez de medicamentos.
Salinas Pliego también acusó al líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, de estar vinculado con un grupo criminal, y sostuvo que otros personajes políticos participan en actividades ilícitas, aunque no presentó evidencia judicial para sustentar estas afirmaciones.
Por su parte, Sheinbaum rechazó la invitación del empresario a abrir una “mesa de diálogo” para negociar la deuda de sus empresas y subrayó que ni ella ni su equipo pueden condonar impuestos. La mandataria explicó que las deudas deben atenderse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), siguiendo los descuentos y plazos establecidos por la ley.
La presidenta también señaló que los acreedores de Salinas Pliego en Estados Unidos le han solicitado una reunión, lo que evidencia que el empresario enfrenta obligaciones financieras en distintos países. Sheinbaum consideró que la estrategia de Salinas Pliego busca politizar su situación fiscal y proyectarse como víctima, en lugar de cumplir con sus compromisos legales.
El magnate ha acumulado deudas fiscales en México que ascienden a 54 mil millones de pesos y enfrenta conflictos legales internacionales relacionados con préstamos y amparos. Recientemente, Grupo Elektra suspendió la cotización de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores debido a una disputa financiera derivada de un préstamo que involucró acciones en garantía y cuya ejecución afectó el valor de la compañía.
La presidenta insistió en que la ley debe cumplirse y que las deudas no pueden ser politizadas.
