* Presentó documentos ante medios y autoridades estadounidenses señalando a funcionarios y exfuncionarios de presuntas relaciones con el crimen organizado
El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó este martes 23 de septiembre en el Senado de la República lo que denominó el “Cártel de Macuspana”, una red integrada por distintos políticos vinculados al expresidente Andrés Manuel López Obrador y su administración. Durante la conferencia de prensa, Moreno denunció que no se les permitió utilizar equipo adecuado para transmitir la información y criticó la falta de apoyo logístico por parte del Senado.
Entre los señalados se encuentran Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado y exsecretario de Gobernación, así como otros integrantes del gabinete del expresidente y gobernadores como Américo Villarreal, Alfonso Durazo y Rubén Rocha. Según Moreno, los involucrados estarían relacionados con actividades ilícitas, entre ellas huachicol fiscal, lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.
El senador priista informó que interpuso denuncias ante la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para que se investiguen los presuntos nexos de López Hernández y otros funcionarios. Moreno destacó que parte de los señalamientos se relacionan con nombramientos en la Secretaría de Marina y la participación en redes de huachicol fiscal durante la administración federal pasada.
Documentos presentados durante la conferencia también incluyen acusaciones contra la actual dirigencia de Morena y empresarios vinculados al expresidente, así como a los hijos de López Obrador. Moreno señaló que los documentos contienen evidencia de supuestos oficios y órdenes emitidas por exfuncionarios para favorecer a miembros de esta red.
Por su parte, hasta el cierre de esta nota, ni los señalados ni Morena habían emitido comentarios oficiales respecto a las acusaciones presentadas por el líder priista. La denuncia ha generado un debate político y mediático sobre la presunta participación de actores públicos en actividades ilícitas y la necesidad de que las autoridades judiciales investiguen los hechos de manera imparcial.
