Alejandro Flores Cancino
Tras las críticas y señalamientos hacia el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), ha trascendido una práctica preocupante: se ha solicitado a víctimas y usuarios de la institución que expresen públicamente su respaldo a Culebro Borrayas.
Lo que parece, a primera vista, un simple gesto de apoyo institucional, en realidad vulnera principios fundamentales. Las víctimas que acuden a la CEDH lo hacen con la confianza de que sus casos se manejarán con discreción, respeto y bajo un marco de confidencialidad. Obligar, inducir o presionar para que respalden públicamente a un funcionario implica exponer sus identidades, sus historias y, en muchos casos, los hechos dolorosos que motivaron su queja. Esto no es acompañamiento: es revictimización.
La Ley General de Víctimas y los estándares internacionales en la materia establecen con claridad que toda institución debe garantizar la protección de datos, la no exposición innecesaria y el trato digno hacia quienes han sufrido violaciones a sus derechos. En cambio, al convertir a las víctimas en escudos políticos o en piezas de propaganda, la CEDH las coloca de nuevo en una posición de vulnerabilidad, obligándolas a hablar no de sus casos, sino de la reputación de su titular.
Más aún: este tipo de prácticas configura un posible abuso de cargo. La Comisión existe para proteger derechos, no para utilizarlos como moneda de legitimidad frente a la crítica pública. La lógica debería ser simple: las víctimas no están para salvar al Ombudsman; el Ombudsman está para defender a las víctimas.
En un contexto donde la confianza en las instituciones es cada vez más frágil, la CEDH tendría que actuar con imparcialidad y transparencia. De nada sirve presumir discursos de defensa de derechos si, en la práctica, se condiciona o se manipula la voz de quienes menos deberían cargar con la defensa de funcionarios.
Exigir respaldo público a las víctimas no solo vulnera derechos y revictimiza: también mina la esencia misma de una institución que debería ser garante de dignidad, no promotora de intereses personales. Si la Comisión olvida este principio, deja de ser un órgano de defensa para convertirse en un actor más de la política que tanto daño hace a Chiapas.
