* El Congreso aprobó sanciones penales y económicas para funcionarios y particulares que filtren material sensible de personas asesinadas o violentadas
Redacción / Alfaro Noticias
En la entidad ya es delito difundir fotografías, videos o documentos de personas asesinadas o violentadas. Quienes lo hagan enfrentarán de dos a seis años de prisión, además de multas económicas, según la reforma aprobada este jueves por el Congreso local.
Las sanciones aplican tanto para servidores públicos como para particulares. En los casos relacionados con violencia de género, las penas pueden aumentar. El objetivo es evitar la revictimización y proteger la dignidad de las víctimas y sus familias.
La medida se aprobó de manera unánime por las y los legisladores, quienes señalaron que esta práctica era común en investigaciones judiciales. En muchos casos, las filtraciones provenían de funcionarios encargados de la seguridad y la procuración de justicia.
La iniciativa fue impulsada tras episodios como el feminicidio de Ingrid Escamilla en 2020, en la Ciudad de México, cuando imágenes del crimen fueron difundidas por policías y reproducidas en medios de comunicación, lo que generó una amplia indignación social.
Organizaciones feministas en Chiapas reconocieron el avance, pero advirtieron que el reto será garantizar que ministerios públicos y policías cumplan con la norma. “Las sanciones son un paso importante, pero sin capacitación y control interno difícilmente dejarán de filtrarse imágenes”, afirmó Alma Rosa Cariño Pozo, presidenta de 50+1 en el estado.
Especialistas en derechos humanos subrayaron que este tipo de filtraciones no solo hieren a las familias, sino que también normalizan la violencia y convierten el dolor en espectáculo. Con la reforma, Chiapas se suma a entidades como Ciudad de México, Oaxaca y Puebla que ya contemplan castigos similares.
