* En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, denunciaron omisión de las autoridades y la falta de protocolos efectivos de búsqueda
Redacción / Alfaro Noticias
Diversos colectivos y familiares de personas desaparecidas marcharon este sábado en la capital chiapaneca para exigir justicia, acciones de búsqueda efectivas y atención a la crisis de desapariciones que enfrenta la entidad y el país.
Las movilizaciones se realizaron en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Por la mañana, madres y organizaciones instalaron fotografías, flores y veladoras frente al Palacio de Gobierno, donde recordaron a sus familiares ausentes y señalaron que, a diferencia de otros países de América Latina, en México la desaparición no es un hecho del pasado, sino una problemática vigente que se agrava cada año.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta junio de 2025 se han registrado 612 denuncias en la entidad, de las cuales 172 personas permanecen desaparecidas y 12 fueron halladas sin vida. Los colectivos advirtieron que jóvenes y mujeres adolescentes entre 15 y 19 años, así como migrantes, figuran entre los grupos más vulnerables.
Por la tarde, alrededor de 30 familias caminaron más de nueve kilómetros desde La Pochota hasta el Parque Central, donde denunciaron la falta de resultados en las investigaciones. Casos recientes, como el de los hermanos Nanga Pérez, desaparecidos en Tuxtla Gutiérrez, y el de Gabriel Hernández Jiménez y Ladislao de Jesús, vistos por última vez en Chiapa de Corzo en julio de 2024, fueron mencionados como ejemplo de la impunidad que enfrentan.
Las participantes acusaron que las desapariciones se han convertido en una herramienta de control y terror en zonas de violencia, y que las instituciones estatales y federales han sido omisas en atender el problema. “Estamos hartas, pedimos justicia, no lástima”, expresó una madre buscadora durante la protesta.
Al cierre de la jornada, sacerdotes de la arquidiócesis local celebraron una misa en memoria de las víctimas. Paralelamente, el Grupo de Litigantes para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos (GL-PRODEDH) emitió un pronunciamiento en el que reafirmó que las familias buscadoras son defensoras de derechos humanos y que el Estado mexicano tiene la obligación internacional de prevenir, investigar y erradicar las desapariciones.
