Alejandro Flores Cancino
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Chiapas debería ser la voz de quienes no la tienen. Debería ser el muro de contención frente a la arbitrariedad, el refugio de las víctimas de abusos de poder y el garante de libertades fundamentales como la libertad de expresión. Sin embargo, bajo la conducción de Horacio Culebro Borrayas, la institución parece haber cambiado de brújula y confundido su mandato con una agenda personal y patrimonial.
Recientes señalamientos revelan excesos en gastos dentro de la CEDH que, lejos de responder a un fortalecimiento institucional, han beneficiado directamente a la organización “Habitemos Chiapas A.C.”, encabezada —no por coincidencia— por el hijo del Ombudsman. Una fundación que, además, fue la plataforma política de Culebro Borrayas cuando en 2018 intentó convertirse en candidato independiente al Gobierno del Estado. A esto se suma que personal de la propia CEDH participa activamente en esa asociación civil, borrando cualquier frontera entre lo público y lo privado.
El problema no es solo el desvío de prioridades presupuestales, sino la forma en que se traiciona la misión original de la CEDH. En un estado como Chiapas, marcado por la violencia, la desigualdad y la marginación, la omisión frente a las agresiones a periodistas, defensores de derechos humanos y voces críticas resulta particularmente grave. Desde la llegada de Culebro Borrayas, poco o nada se ha hecho para visibilizar estas problemáticas. La institución permanece muda cuando debería ser altavoz.
La contradicción es aún más evidente si recordamos que en enero de 2016, Culebro Borrayas exigía públicamente la destitución de los consejeros electorales de Chiapas porque, según él, se autorizaban 160 mil pesos bimestrales por concepto de “productividad”. Los calificó de “bandidos” que se enriquecían a costa del erario. Hoy, ya no como denunciante sino como funcionario, se aumentó el sueldo a casi 180 mil pesos mensuales. La pregunta es inevitable: ¿actuará de igual manera “Habitemos Chiapas” ante este exceso ahora en la CEDH o el silencio se impondrá ahora que los beneficiados están en casa?
Pero lo más alarmante es que este no es un caso aislado. La CEDH, durante varios sexenios, ha sido utilizada como un espacio para pagar favores políticos, una oficina convertida en botín, donde sus titulares no cumplen con el perfil ni ejercen como defensores de derechos humanos, salvo de los propios intereses o los de grupos de poder.
Un Ombudsman que utiliza su cargo como plataforma política, que confunde el interés general con el interés familiar y que reduce la defensa de los derechos humanos a un patrimonio de grupo, no solo deshonra su investidura: vulnera la confianza ciudadana y debilita la democracia.
En Chiapas se necesita un Ombudsman que entienda que defender derechos no es financiar amigos ni sostener apellidos, sino enfrentar al poder cuando se comete un abuso, aunque ese poder incomode.
La CEDH no puede seguir siendo rehén de agendas personales. Chiapas no merece un Ombudsman a modo, sino una institución que realmente defienda a su gente.
